Desde UGT pedimos contundencia a la Inspección de Trabajo contra las empresas que no garanticen la seguridad y salud de las personas trabajadoras en las zonas afectadas por la DANA.

Nadie puede dudar de que los efectos del Cambio Climático están incrementando los fenómenos meteorológicos adversos y que estos suponen un riesgo laboral para muchas personas trabajadoras de nuestro país.

La clase trabajadora tiene derecho a la protección de su seguridad y salud en cualquier situación, incluyendo los sucesos como riadas, inundaciones o fuertes vientos, entre otros. Para garantizar este derecho, las empresas deben cumplir una serie de obligaciones que se establecen claramente en la normativa vigente. Frente a la gravedad de la situación que se está viviendo, desde UGT exigimos responsabilidad a las empresas en estos momentos tan duros.

Además, desde UGT hemos solicitado por carta al Ministerio de Trabajo y Economía Social que convoque de forma urgente la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales que se encuentra actualmente abierta. Urge analizar la situación vivida y avanzar para proteger a las personas trabajadoras. Se deberían revisar los puntos débiles de la normativa actual para mejorarla, pero siempre teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico ya establece que, para los casos de avisos meteorológicos de nivel naranja o rojo y cuando las medidas preventivas adoptadas no garanticen la protección de las personas trabajadoras, se hace obligatorio para las empresas, adaptar las condiciones de trabajo, incluyendo la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada. 

Además, para los casos en los que no se pueda garantizar la debida protección de la persona trabajadora, se prohíbe el desarrollo de trabajos tareas durante las horas del día en las que se den fenómenos meteorológicos adversos. Igualmente, se debería analizar el grado de cumplimiento de la normativa en materia preventiva de las empresas.

En el seno de la Mesa de Diálogo Social, desde UGT llevamos tiempo proponiendo que se modifique el art. 20 LPRL, para que dentro de la protección de emergencia se incluyan también las situaciones modernas, como las vinculadas a las pandemias, así como a la emergencia climática o la fuerza mayor ambiental. Además, también debería modificarse el art. 16 LPRL para que la evaluación de riesgos se realice siempre que se produzcan cambios derivados de la influencia del Cambio Climático.

Por otro lado, deben incrementarse las actuaciones de la Inspección de Trabajo para vigilar el cumplimiento de la normativa en materia preventiva en las empresas de las localidades afectadas por la DANA. Pedimos contundencia contra aquellas empresas que infrinjan la Ley y pongan en riesgo la seguridad y salud de sus plantillas. 

Desde el sindicato recordamos que el incumplimiento de la normativa preventiva puede acarrear multas que oscilan desde los 2.451 euros y 49.180 euros en el caso de las graves, mientras que las muy graves oscilan entre 49.181 y 983.736 euros.