La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, contra las empresas titulares de los portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa por presuntas prácticas comerciales desleales, publicidad engañosa e incumplimiento de la normativa de información al consumidor.

La denuncia se fundamenta en un exhaustivo muestreo de anuncios publicado en las plataformas. En él se demuestra cómo ambos portales crean, clasifican y promocionan filtros y categorías como “ocupadas”, “ocupadas ilegalmente”, “sin posesión” o “no visitables”, agrupando bajo una misma etiqueta comercial situaciones jurídicas completamente distintas.

Existen en las dos plataformas digitales una pestaña o filtro que permite la búsqueda de viviendas bajo el epígrafe de “ocupadas ilegalmente”. En la mayoría de los anuncios se ofrece como una “oportunidad para inversiones” y en otros casos “casas con bichos”. En algunos casos, un mismo anuncio se ofrece en tres categorías distintas: “Ocupado ilegalmente” y “Alquilado con inquilinos” o “Nuda propiedad”.

UGT ha detectado numerosos casos en los que viviendas con arrendamientos vigentes de personas mayores con usufructo vitalicio o procedimientos de ejecución hipotecaria son etiquetadas sistemáticamente por los portales como «ocupadas ilegalmente». Existe un caso de Fotocasa que oferta la vivienda de una persona usufructuaria de 83 años como si fuera una ocupación sin título y lo ofrece como una inversión de 345.000 euros sobre un inmueble que puede llegar a 650.000 en una venta posterior. 

Otro anuncio, de un inmueble de 12 metros cuadrados, con la siguiente situación: “La propiedad se encuentra actualmente ocupada, por lo que no es posible realizar visitas al interior. La adquisición se plantea en estas condiciones, siendo el comprador quien deberá asumir la gestión de la situación posesoria existente”, es decir que la persona inquilina está en una situación legal y no existe ninguna demanda sobre ella. Es un caso donde no se entiende que se considere al inquilino como ocupa ilegal.

Además, se han encontrado anuncios con datos esenciales como la superficie, número de habitaciones, planta o ubicación exacta que son inexactos o no han sido verificados. En algunos casos se usan imágenes que no corresponden con la vivienda real. Se publican fotografías de fachadas con carteles superpuestos de «Inmueble OKUPADO en VENTA» o imágenes del interior con enseres personales de usufructuarios/inquilinos, junto con datos personales (edad, género, ubicación), lo que supone una vulneración de la vida privada y, sobre todo, se asimila injustamente a personas inquilinas y usufructuarias con la figura del “inquiokupa”.

La estigmatización de familias trabajadoras y vulnerables

UGT entiende que presentar a inquilinos o personas en conflicto judicial como 'okupas' no solo es jurídicamente falso e induce a error al comprador, sino que estigmatiza a familias trabajadoras y vulnerables a las que se coloca en una posición de delincuencia y persecución social cuando ellas cumplen con su parte del contrato y, en todo caso, ejercen derechos que les permiten permanecer en la vivienda de forma legal.

UGT ha presentado denuncia al Ministerio de Consumo donde solicita:

1. La apertura inmediata de diligencias previas de investigación a Idealista y Fotocasa.
2. Requerir a ambas empresas los criterios técnicos y la documentación que exigen a los anunciantes antes de catalogar un inmueble como "ocupado ilegalmente".
3. Dar traslado de las actuaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las autoridades de supervisión del Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA).
4. La adopción de medidas sancionadoras que corrijan estas conductas e impidan la distorsión del mercado inmobiliario digital.

UGT advierte del impacto social de estas prácticas, y que este tipo de anuncios buscan fomentar un discurso que justifique la acción posterior que no es otra que expulsar al inquilino de su hogar para vender el inmueble. Estas viviendas generan una alta rentabilidad especulativa para aquellos inversores que se atreven a entrar en este tipo de vivienda con un conflicto jurídico abierto, aunque en la realidad son prácticas que expulsan a personas, normalmente las más vulnerables, de sus domicilios sin alternativa habitacional solo por una rentabilidad económica.

Por último, el sindicato considera que ambas plataformas son responsables de fomentar este discurso, además de utilizar una falsedad para ofrecer oportunidades de inversión sin tener en cuenta la situación de las personas afectadas. Estas plataformas, con su aparente neutralidad, no tienen ningún tipo de sensibilidad hacia las personas a los que estigmatiza como okupas.