El recurso referido, que se sustancia ante el Tribunal Supremo, está interpuesto por varias organizaciones y partidos políticos de extrema derecha y por el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid: dicho recurso ya ha mantenido varias actuaciones procesales como el intento de las organizaciones recurrentes de suspender, tanto de manera cautelarísima como de manera cautelar, la vigencia de dicho decreto y, más específicamente, de su proceso de regularización: en ambas ocasiones el Tribunal Supremo ha desestimado las dislocadas pretensiones de los recurrentes por considerarlas impropias e injustificadas.
 
UGT y CCOO, por lo tanto, defenderán como lo han hecho hasta ahora, no solo la adecuación jurídica legal del procedimiento de elaboración del Real Decreto, sino también su valor e importancia política en términos de responsabilidad y realismo ante una situación social, económica y laboral que requiere de mecanismos eficaces.
 
La regularización supone un paso adelante para reconocer derechos, aflorar empleos de la economía sumergida y dignificar la vida de miles de personas que ya están aquí y que van a contribuir a partir de ahora aún más en términos de tributaciones y cotizaciones a la Seguridad Social.
 
Ambos sindicatos contribuyen a la efectiva aplicación de la regularización, facilitando su máxima extensión y eficacia a través de un plan especial de movilización de recursos sindicales propios para asesorar, y presentar solicitudes de regularización a través de las organizaciones del sindicato.
 
En un contexto complejo, es imprescindible seguir ratificando el compromiso de UGT y CCOO con un modelo migratorio legal, justo, eficaz y ágil que permita una integración social y laboral efectiva de los miles de nuevos vecinos y vecinas que se incorporan a la sociedad española. Y para hacer frente a los ataques de la extrema derecha y la dignidad y derecho a hacer su proyecto de vida con plenos derechos de todas las personas, vengan de donde vengan.