Bajo el lema 'La juventud trabajadora se organiza para el futuro', la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) se une a la campaña de la Confederación Sindical Internacional (CSI) con motivo de la Jornada Mundial Por el Trabajo Decente, que reivindica este 7 de octubre el derecho de las nuevas generaciones a construir un proyecto de vida con trabajo digno y acceso a la vivienda.

La clase trabajadora internacional se organiza para el futuro y reclama empleos dignos y salarios justos. En línea con estas reivindicaciones, UGT ha convocado una huelga general de 24 horas durante este otoño, poniendo en el centro las mismas demandas que reclama la clase trabajadora internacional: salarios dignos que permitan acceder a una vivienda digna.

La campaña de la Confederación Sindical Internacional (CSI) parte de una realidad compartida por jóvenes de todo el mundo: el desempleo, los bajos salarios, la precariedad y el aumento del coste de la vida, especialmente en relación con el acceso de la vivienda, están dificultando cada vez más la posibilidad de construir una vida digna. 

Frente a esta situación, la juventud está reclamando cambios, participación y capacidad para decidir sobre su propio futuro. 
Durante el último año, jóvenes de distintos países han protagonizado movilizaciones para reclamar mejores condiciones de vida. Aunque las realidades nacionales son diferentes, existen preocupaciones comunes: el acceso a un empleo estable, unos salarios que permitan vivir dignamente, la protección de los derechos laborales y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida independiente.

La juventud trabajadora no quiere que la precariedad sea la norma de una nueva generación. Quiere empleos seguros, salarios vitales, derechos laborales y una voz efectiva en las decisiones que afectan a sus vidas. Como señala la CSI, los sindicatos tienen un papel esencial para garantizar que los jóvenes puedan ejercer sus derechos, organizarse colectivamente y construir el poder necesario para transformar sus lugares de trabajo, sus economías y sus sociedades. 

La realidad del trabajo no puede separarse de las condiciones de vida. Un empleo deja de ser una vía para la autonomía cuando el salario no permite hacer frente al coste de la vivienda, la alimentación, la energía o el resto de las necesidades básicas.

Por eso, la crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en una de las expresiones más visibles de la dificultad que tienen muchos jóvenes para construir un proyecto de vida. Tener un empleo no debería significar vivir permanentemente al límite, retrasar la emancipación o dedicar una parte desproporcionada del salario a pagar un alquiler.

La evolución de los salarios y del empleo ayuda también a explicar esta dificultad. En la Unión Europea, los sectores que sufren mayores problemas para contratar personas trabajadoras pagan, de media, un 9% menos que aquellos menos afectados por la escasez de mano de obra. Y únicamente el 39,5% de las personas trabajadoras participa en programas de formación, lejos del objetivo europeo del 60%.

Estos datos muestran que la calidad del empleo está estrechamente relacionada con la capacidad de las personas para afrontar los cambios económicos y sociales y construir unas condiciones de vida dignas. La transformación del mundo del trabajo, la digitalización, el cambio climático y las nuevas formas de empleo están generando oportunidades, pero también nuevos riesgos. La respuesta no puede consistir en una carrera a la baja en salarios y derechos.

La CSI reclama que las políticas económicas sitúen a las personas y sus derechos en el centro, garantizando empleos decentes, salarios vitales, empleo seguro y derechos laborales, al tiempo que se refuerza la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras para organizarse y participar en las decisiones que afectan a sus vidas.

Esta reivindicación conecta directamente con la defensa de la democracia. La democracia también se construye en los centros de trabajo, garantizando que las personas trabajadoras tengan voz, puedan organizarse y negociar colectivamente sus condiciones laborales.

Por ello, UGT comparte la reivindicación de la CES de que la futura Ley de Empleos de Calidad de la Unión Europea establezca derechos efectivos y medidas vinculantes en ámbitos como la inteligencia artificial y la gestión algorítmica, la seguridad y salud en el trabajo, la protección frente a los riesgos psicosociales, las cadenas de subcontratación, la transición justa, la negociación colectiva y la participación de los interlocutores sociales. Pero el objetivo último debe ir más allá de las cifras económicas: el progreso debe medirse también por la capacidad de las personas trabajadoras para vivir dignamente.