La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) expresa su más enérgico repudio a las graves amenazas recibidas por Federico Giuliani, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) de Córdoba y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba, y traslada toda su solidaridad al compañero, a su entorno y al conjunto de la CTA Autónoma.

Según consta en la denuncia penal presentada el 3 de noviembre, Giuliani ha recibido amenazas de agresión e intimidaciones. La causa está en manos de la Fiscalía.

El momento en el que se producen las amenazas no es casual: ocurren en vísperas de una jornada de lucha convocada por las centrales sindicales, en la que Giuliani y otros dirigentes de la CTA y la CGT se disponen a movilizarse para visibilizar la situación que atraviesan las y los trabajadores en Argentina. Las amenazas a Giuliani, dirigente sindical y referente y protagonista de las luchas sociales en Córdoba, son un intento de extorsión al conjunto de la clase organizada.

Para UGT, las amenazas, la intimidación y cualquier intento de disciplinamiento contra quienes ejercen la representación sindicalconstituyen hechos de extrema gravedad que no pueden naturalizarse ni quedar impunes. Los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación son claros: los derechos sindicales solo pueden ejercerse en un clima libre de violencia, presiones o amenazas contra los dirigentes y afiliados de las organizaciones.

Estas amenazas no surgen en el vacío. Se producen en un clima de hostilidad hacia el movimiento sindical alimentado desde el propio gobierno de Javier Milei, que ha convertido la criminalización de la protesta en política de Estado. Su protocolo antipiquetes, condenado por la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas, ha amparado la violencia policial contra jubilados, trabajadores y periodistas, como demostró el brutal ataque al fotógrafo Pablo Grillo. 

Es la misma lógica que la ultraderecha defiende a ambos lados del Atlántico: también en España sigue vigente la ley mordaza, aprobada por el PP en 2015, y quienes hoy se alinean con Milei pretenden ir más allá en la persecución de la protesta y de la acción sindical. Frente al discurso del odio y la represión, el sindicalismo internacional responde con unidad: protestar es un derecho, no un delito.

Amenazar a un dirigente sindical en vísperas de una movilización es un intento de sembrar el miedo para silenciar a quienes defienden los derechos de la clase trabajadora. Federico Giuliani no está solo: el movimiento sindical internacional está a su lado y al de la CTA Autónoma.

UGT se suma a las exigencias de la CTA Autónoma Córdoba y reclama:

• El inmediato esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.
• Las garantías necesarias para preservar la integridad física de Federico Giuliani y de su entorno.
• Que estas amenazas no queden impunes.

La democracia se fortalece con más participación, organización y libertad para reclamar, no con amenazas ni violencia contra quienes luchan. UGT seguirá acompañando la lucha de la CTA Autónoma y del sindicalismo argentino con determinación y firmeza.