El asesinato machista confirmado este 2 de junio en Callosa de Segura (Alicante) vuelve a situar en el centro del debate una realidad insoportable: la violencia contra las mujeres sigue cobrándose vidas mientras las respuestas institucionales continúan siendo insuficientes. Con este nuevo crimen, ya son 23 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y 1.364 desde que comenzaron a contabilizarse oficialmente estos asesinatos en 2003, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Cada nueva víctima evidencia que la violencia machista no es un problema aislado ni privado, sino una manifestación estructural que requiere respuestas coordinadas, recursos suficientes y, sobre todo, una voluntad política sostenida en el tiempo. En este contexto, la última Conferencia Sectorial de Igualdad acordó el reparto de 179,8 millones de euros entre las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas para reforzar la lucha contra la violencia de género y desarrollar las medidas contempladas en el Pacto de Estado.

De esta cantidad, 160 millones de euros se destinarán específicamente al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras que los 19,8 millones restantes financiarán distintos programas autonómicos de atención y prevención. En concreto, 8,5 millones se dedicarán a programas de asistencia social integral para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres; un millón de euros, a planes personalizados de atención; 9,5 millones, a programas de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales; y 800.000 euros, a programas de prevención de abusos sexuales dirigidos a menores tuteladas.

Por territorios, Andalucía será la comunidad que más fondos reciba, con 26,5 millones de euros, seguida de Cataluña, con 23 millones, y de la Comunidad de Madrid, con 19,2 millones. En el extremo contrario se sitúan Ceuta y Melilla, con 2,3 millones de euros cada una; La Rioja, con 3 millones; y Cantabria, con 3,1 millones.

La financiación media entre los territorios mencionados se sitúa en torno a los 10,7 millones de euros por comunidad o ciudad autónoma. No obstante, las diferencias territoriales continúan siendo muy significativas y responden tanto a criterios poblacionales como a la capacidad de implementación de programas específicos.

Sin embargo, el sindicato insiste en que las cifras, por sí solas, no son suficientes. La lucha contra la violencia machista exige un compromiso institucional firme y sostenido, capaz de transformar estos recursos en medidas reales y efectivas para la ciudadanía. Resulta imprescindible respaldar cada minuto de silencio, impulsar programas de prevención y sensibilización, reforzar los recursos especializados y mejorar la presencia y coordinación de los cuerpos policiales en municipios y localidades, especialmente en los entornos rurales y de menor tamaño.

Ahora corresponde a los distintos gobiernos autonómicos y a las ciudades autónomas gestionar estos recursos y convertirlos en políticas públicas eficaces. Los presupuestos resultan insuficientes si no existe una voluntad política clara para desarrollar medidas reales de prevención, protección, atención integral y reparación para las víctimas. Mientras tanto, continúan produciéndose asesinatos a manos del terrorismo machista.

La violencia machista no se combate únicamente con declaraciones institucionales o anuncios presupuestarios. Se combate reforzando los servicios públicos especializados, garantizando recursos habitacionales y económicos para las víctimas, impulsando la educación afectivo-sexual y la prevención desde edades tempranas, formando adecuadamente a todos los agentes implicados y asegurando que las políticas de igualdad no queden condicionadas por intereses partidistas ni por retrocesos ideológicos.

Mientras tanto, el número de víctimas continúa aumentando. Detrás de cada cifra hay una vida truncada, familias devastadas y una sociedad que no puede normalizar esta violencia ni resignarse a convivir con ella.

UGT subraya la necesidad de que la lucha contra la violencia machista continúe siendo una prioridad política e institucional permanente. No puede haber recortes, negacionismo ni indiferencia frente a una violencia que sigue asesinando mujeres en nuestro país.