El resultado de las elecciones generales celebradas este jueves 4 de julio en el Reino Unido no deja lugar a dudas: el Partido Laborista se hace con una holgada mayoría parlamentaria que les permitirá formar un Gobierno de avance y progreso.

El Partido Laborista consigue una épica victoria al hacerse con el 33,9% y 410 de los 650 escaños de Westminster y el Partido Conservador, 119 una histórica derrota. Los Demócratas Liberales se constituyen en tercera fuerza, seguidos por nacionalismo escocés y del Sinn Féinn. Es también destacable la entrada en el parlamento nacional de la ultraderecha de Reform UK, que se hace con se hace con cuatro asientos (aunque provenientes de un destacado 14,6% de los votos).

Tras 14 largos años de gobiernos torie, con cinco primeros ministros, escándalos concatenados, una profundísima crisis económica y social y el drama del Brexit, todo apuntaba a una victoria de los laboristas.

Los más de cuatro millones de niñas y niños que viven en el país en situación de pobreza relativa, listas de espera de más de siete millones y medio de personas en el otrora poderoso y simbólico servicio nacional de salud (el NHS), un maltrecho poder adquisitivo, desmantelamiento y privatizaciones de servicios públicos, retroceso en las condiciones laborales, varias denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuestionamiento de libertades fundamentales, empeoramiento del sistema educativo público y las enormes (y aún no todo lo visibles que serán) huellas dejadas por el Brexit son el legado de gobiernos sucesivos. Muy destacables también han sido alguna de sus leyes sobre migración (como la conocida como ley Ruanda) que han erosionado la confianza de la ciudadanía en el poder político y, en especial, en el partido conservador.

Keir Starmer, líder del partido laborista, será el próximo primer ministro de Reino Unido. Su gestión y la del resto del equipo de gobierno no será fácil tras años de deconstrucción y consolidación del vacío. La confederación sindical británica Trade Union Congress (TUC), lleva trabajando años para que sus propuestas fueran incluidas en la agenda de gobierno laborista, al ser éste el partido más receptivo a sus peticiones y que recogió en su programa, New Deal for Working People (“un nuevo acuerdo para las personas trabajadoras”) una extensa lista de medidas para la mejora de los derechos de las personas trabajadoras. 

Una delegación del TUC visitaba España hace un par de años para analizar las políticas y resultados emprendidos por el Gobierno de nuestro país en materia laboral, fiscal, etc. Acompañaba al sindicato una representación del “gobierno a la sombra” de los laboristas, que pudieron conocer de primera mano los avances emanados del diálogo social y de las medidas políticas que se están trabajando en España. El compromiso que los laboristas adquirieron para mejorar la vida de la clase trabajadora de aquel país tiene ahora que materializarse y, por lo tanto, las primeras medidas de ese Gobierno deberán prohibir los contratos de cero horas, poner fin a la práctica de despedir y volver a contratar con la que los empresarios consiguen pagar menos a su plantilla, aumentar el salario mínimo, luchar contra las brechas salariales, aumentar los salarios o fortalecer a las estructuras sindicales.

Starmer recibe un país con profundas fallas que los largos años de ejercicio torie han producido. Y, como se ha dicho, a los problemas concretos y tangibles (los enumerados y los no) hay que sumar las numerosas consecuencias de toda índole que el Brexit (que, recordemos, surge y se fragua desde problema político-organizativo de los conservadores) ha traído para las personas que residen en Reino Unido.

Se mire por donde se mire, el país necesita de profundísimas reformas que devuelvan a la gente lo que les fue quitado. El camino no será ni sencillo ni podrá hacerse en un par de días, pero el nuevo Gobierno está obligado a ello por el compromiso adquirido antes de las elecciones y por el histórico resultado de las urnas. Y si bien es cierto que la salida del país de la Unión Europea es un reto en absoluto sencillo, el trabajo coordinado con otros Estados de la UE y significativamente con los que cuentan con gobiernos progresistas como España es deseable y favorecerá la gestión que tienen por delante.