UGT ha mantenido una serie de reuniones con representantes del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, en las que ha reiterado su firme apoyo al proyecto de ley iniciado en el Senado, que busca aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a los miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, debido a la peligrosidad y singularidad de su labor.

La delegación de UGT, encabezada por Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales, ha trasladado a los representantes parlamentarios la necesidad de avanzar con celeridad en la tramitación de esta iniciativa en el Congreso. Junto a UGT, ha asistido también Serafín Giraldo, secretario General de la Unión Federal de Policía (UFP), en defensa de los derechos de este colectivo.

Las reuniones con el Grupo Popular han contado con la participación de Irene Garrido y Ana Belén Vázquez, mientras que, por parte del Grupo Socialista, han asistido Elisa Garrido, Alberto Mayoral, Ada Santana y Ana Cobo. Durante los encuentros, UGT ha subrayado la importancia de garantizar la igualdad de trato entre los cuerpos nacionales y aquellos autonómicos y locales, como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, que ya cuentan con estos coeficientes reductores.

Este reconocimiento no solo equipararía derechos, sino que también haría justicia a la naturaleza de las funciones que desempeñan estos profesionales en pro de la seguridad ciudadana.

Estas reuniones forman parte de un plan estratégico de contacto con todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de avanzar en la tramitación de esta iniciativa y analizar posibles mejoras al texto legislativo para que refleje de la mejor manera las necesidades reales de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los agentes de Vigilancia Aduanera.

UGT celebra la receptividad y voluntad de diálogo mostrada por los grupos parlamentarios para abordar una cuestión de vital importancia como es la equiparación de derechos de estos cuerpos esenciales para la seguridad pública. Seguiremos trabajando con determinación para que esta regulación no solo se haga realidad, sino que garantice la máxima justicia social para quienes entregan su esfuerzo al servicio de la ciudadanía.