Según los datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a finales de 2025 había cerca de 42 millones de personas refugiadas en el mundo y 9 millones de solicitantes de protección internacional, de ellas, 1´2 millones en la Unión Europea. En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores quiere recordar que la entrada en aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, puede cuestionar en la práctica el derecho a solicitar asilo en la Unión Europea y reducir las garantías y derechos de las personas solicitantes de protección internacional. No deja de ser paradójico que el mismo mes en el que se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas, haya entrado en aplicación un conjunto de normas que, en la práctica, restringen y dificultan no solo el derecho a solicitar asilo, sino que reducen las garantías y derechos para las personas solicitantes de asilo.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) persigue, por un lado, dificultar la entrada en la Unión Europea de la mayoría de las personas solicitantes de protección internacional y, por otro, acelerar la resolución de las solicitudes, una celeridad difícilmente compatible con un examen adecuado de las circunstancias personales de quienes solicitan asilo.

Por otra parte, la propuesta de Reglamento sobre los retornos, aprobada recientemente por el Parlamento europeo, agiliza los procedimientos de expulsión y consolida la práctica de acuerdos con terceros países dudosamente seguros para que sean receptores de las personas expulsadas.

La UGT reclama al Gobierno español que la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en el marco jurídico estatal garantice plenamente los derechos fundamentales de las personas solicitantes de protección internacional y de las personas migrantes en general. El sindicato pide que la adaptación normativa española preserve el derecho de asilo, asegure el acceso efectivo a procedimientos individualizados con garantías jurídicas suficientes y evite mecanismos que puedan traducirse en restricciones desproporcionadas del acceso a la protección internacional. Asimismo, reclama que la implementación de las nuevas normas europeas no suponga la externalización del control migratorio, internamientos injustificados ni procedimientos acelerados que limiten el derecho de defensa. UGT insiste en reforzar los sistemas públicos de acogida, dotar de recursos suficientes a la administración para reducir la demora en la resolución de expedientes y situar la dignidad humana y la cohesión social en el centro de la política migratoria y de asilo.

Nuestro sindicato y el sindicalismo europeo debemos constituir un muro de contención frente al avance de las políticas contrarias a las personas migrantes y frente al recorte de las garantías del derecho de asilo y de la protección internacional.