La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores expresa su preocupación ante la propuesta de la Comisión Europea para crear “EU Inc.”, un marco jurídico opcional que permitiría a las empresas operar en toda la Unión Europea con reglas comunes y procedimientos simplificados.

UGT reconoce que facilitar la actividad empresarial es un objetivo legítimo, pero advierte de que el diseño actual no garantiza adecuadamente la protección de los derechos laborales. En particular, el texto carece de salvaguardas claras que aseguren el respeto de la legislación nacional, los convenios colectivos y las obligaciones en materia de seguridad social.

El sindicato alerta de que esta falta de garantías podría abrir la puerta a prácticas de elusión, como evitar inspecciones laborales, sustituir salarios por retribuciones variables o en acciones, o debilitar derechos fundamentales como la información, consulta y participación de las personas trabajadoras.

También preocupa que se establezcan umbrales elevados para el ejercicio de estos derechos, lo que dejaría fuera a gran parte de las plantillas. A ello, se suma la indefinición sobre qué empresas pueden acogerse al régimen, lo que podría permitir su uso para sortear normativas nacionales.

UGT advierte además de los riesgos asociados a procedimientos de registro rápidos, que podrían reducir controles esenciales y facilitar prácticas como el uso de empresas instrumentales o el desplazamiento hacia jurisdicciones más laxas.

El sindicato recuerda que experiencias anteriores con figuras jurídicas europeas similares han mostrado cómo, sin mecanismos eficaces, pueden utilizarse para debilitar la participación de las personas trabajadoras y evitar obligaciones legales.

Por ello, insiste en que no basta con afirmar que los derechos laborales estarán protegidos: es imprescindible que esa protección quede recogida en normas claras y exigibles. Sin estas garantías, existe un riesgo real de que el nuevo marco se utilice para reducir costes a costa de las condiciones laborales.

UGT defiende que el derecho laboral y la negociación colectiva deben seguir vinculados al país donde se realiza el trabajo, y subraya que la competitividad europea no puede construirse debilitando el modelo social. En consecuencia, reclama una revisión de la propuesta para incorporar salvaguardas efectivas que eviten abusos y garanticen plenamente los derechos de las personas trabajadoras.