En la carta con fecha 5 de noviembre de 2025 de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, UGT y FEDAVICA, en la que se pedía la modificación de aspectos centrales del RD que regula el fondo de compensación de las personas afectadas por este agente cancerígeno, advertíamos a Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del escaso número de solicitudes de indemnización viables que iban a poder ser presentadas por las víctimas debido a las condiciones restrictivas del Real Decreto 483/2025, de 17 de junio, por el que se establecen los requisitos y se regula el procedimiento para reconocer el derecho a la compensación económica para las víctimas del amianto, redactado por su Ministerio. A fecha 19 de febrero, el Ministerio nos informa que en los seis meses que lleva en vigor el fondo sólo se han concedido 34 indemnizaciones, estando otros 32 expedientes en trámite.

El motivo de este fracaso del Fondo de compensación de las víctimas del amianto es que el RD 483/2025 sólo permite tramitar en este momento los casos en los que la persona afectada tenga reconocida una incapacidad permanente por contingencia profesional originada por la exposición al amianto. Sin embargo, hay otros supuestos (personas diagnosticadas de patologías producidas por el amianto sin enfermedad profesional reconocida y causahabientes -herederos- de personas fallecidas a causa del amianto) en los que la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, reconoce el derecho a percibir las indemnizaciones del fondo, pero que el RD retrasa su efectividad a una regulación en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, cuya aprobación a corto plazo es más que dudosa.

Otros aspectos que a juicio de las víctimas del amianto y los sindicatos consideramos que se deben modificar en el RD 483/2025 son las cuantías de las indemnizaciones, muy inferiores a las que se están obteniendo en los tribunales, y la falta de exención fiscal de estas compensaciones a diferencia de otras similares, como las de las víctimas del terrorismo o del VIH.

La Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, plantea como uno de sus objetivos evitar que las personas afectadas tengan que recurrir a la vía judicial para reclamar sus derechos, y para ello establecía el derecho a percibir unas indemnizaciones dignas para acabar con los largos procesos judiciales. Sin embargo, las restricciones del RD 483/2025 están disuadiendo a las víctimas solicitar las indemnizaciones del fondo y les obligan a seguir recurriendo a la vía judicial.

Por todas estas razones, los secretarios generales de UGT y CCOO y el portavoz de FEDAVICA solicitaron el 5 de noviembre por carta una reunión a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para abordar este problema y proponer soluciones. Sin embargo, Elma Saiz no se ha dignado a responder a esta solicitud en 4 meses.

A juicio de nuestras organizaciones, esta falta de respuesta a nuestra solicitud es una falta de respecto, no tanto a las entidades firmantes de la carta, como a las personas afectadas por el amianto, que tienen reconocido por una Ley el derecho a percibir una indemnización y que no pueden ejercerlo por unas trabas administrativas de las que el Ministerio dirigido por Elma Saiz estaba perfectamente advertido en el momento de la redacción del RD.

Desde UGT, FEDAVICA y CCOO exigimos a Elma Saiz que nos convoque de manera urgente a una reunión y que se aborde de inmediato la modificación del RD 483/2025 para que pueda aplicar íntegramente la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.