UGT interviene en la “II Jornada para la no discriminación laboral de las personas con el VIH”, organizado por la "Comisión VIH y Empleo"

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El presidente de la Coordinadora Estatal de Sida (CESIDA), Ramón Espacio, ha revelado,  durante la celebración de la II Jornada para la no discriminación laboral de las personas con el VIH, que se celebró el 13 de febrero, que en Clínica Legal, su servicio de asesoramiento jurídico, siguen recibiendo consultas de personas que han perdido su trabajo cuando, de forma ilegal, se ha revelado su estado serológico.

 

“Esta circunstancia es, en muchas ocasiones, difícil de demostrar, pero es indicativa de que todavía quedan muchos mitos por desmontar que afectan a la vida laboral de las personas con VIH pese a que, tal y como está demostrado, el riesgo de trasmisión del VIH en el ámbito laboral no existe”, ha denunciado.

El encuentro ha sido organizado por la “Comisión VIH y Empleo”, constituida por CESIDA, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Trabajando en Positivo, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).

 

En su intervención, Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, quien ha valorado positivamente que “las personas con VIH cuenten con herramientas de denuncia ante la vulneración de derechos como es la Asesoría Jurídica en VIH y Trabajo existente en su entidad, desde la que se realizan acciones de mediación para la resolución alternativa de conflictos y el apoyo jurídico en casos de litigio”.

 

Además, ha reivindicado más recursos para la implantación del Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de oportunidades asociada al VIH y ha aclarado que “muchas de las medidas necesarias no requieren de una inversión económica, pero sí un compromiso político que situaría a España como país referente en la protección y promoción de los derechos de las personas con VIH”.

 

Por su parte, la responsable del departamento Confederal de Servicios Sociales de UGT, Gemma Ramón,  que también ha participado en la jornada, ha asegurado que “para UGT, es imprescindible la improrrogable aplicación del Pacto Social por la no discriminación en el que se recoge la necesidad de implementar la Recomendación 200 de la OIT sobre el VIH y el sida en el mundo del trabajo, y que pretende  erradicar la discriminación laboral de las personas que viven con VIH asegurando la igualdad de oportunidades, la protección específica de la confidencialidad y la no exigencia de la prueba de detección respecto al VIH”. “A su vez, desde UGT exigimos la inmediata supresión de la reforma laboral que permite el despido a los y las trabajadoras por estar enfermos”, ha añadido.

 

Asimismo, Raquel Gómez, representante de la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, ha explicado que “CCOO apuesta por la formación en todos los niveles como medida imprescindible para erradicar la discriminación y los estereotipos relacionados con el VIH en el mundo del trabajo”. Además, ha declarado que “en el ámbito político, señalamos la necesidad de dotar de medidas económicas y materiales al Pacto Social por la no discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH y reivindicamos la ratificación del Convenio 190 OIT que garantiza la protección de todas las trabajadoras y trabajadores con especial atención a quienes están en situación de vulnerabilidad”.

 

 

Como medidas ya adoptadas, los representantes de la “Comisión VIH y Empleo” han valorado positivamente la eliminación del VIH como motivo de exclusión médica para cualquier empleo público, aprobada en Consejo de Ministros en 2018, y su aplicación en la modificación de los cuadros de exclusiones médicas relacionados con la Policía Nacional, el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y Vigilancia Aduanera.

 

No obstante, han señalado que “este logro conlleva un reto para 2020: la actualización de todos los cuadros de exclusiones médicas vinculados a las convocatorias del Ejército y la Guardia Civil”. Este proceso, tal y como han informado, ya ha comenzado con la reciente publicación del cuadro de exclusiones médicas para el ingreso a los centros docentes de militares, primera convocatoria del Ministerio de Defensa en la que se aplica el acuerdo del Consejo de Ministros.

 

Este reto es una las acciones que se definieron como prioritarias para 2020 en el marco del Pacto Social en la última reunión de su grupo coordinador, en la que la “Comisión VIH y Empleo” estuvo representada por CESIDA y Trabajando en Positivo. Además, también se marcaron como prioritarias la reproducción del mencionado acuerdo del Consejo de Ministros para las Policías Locales de todas las CCAA; la realización de un estudio sobre la percepción sobre el VIH en empresas y un manual de buenas prácticas empresariales en empresas públicas o la modificación de la normativa que regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas.

 

Por otra parte, la “Comisión VIH y Empleo” también visibilizó su compromiso de abordar otras temáticas que afectan a los derechos laborales de las personas con VIH, como la adopción de medidas para la eliminación de barreras en el acceso al empleo privado (como la solicitud del Dictamen Técnico Facultativo); la modificación de las ordenanzas de servicios de transportes municipales para obtener la licencia como taxista; la actualización de la Guía de Recomendaciones para la Prevención y Control de la infección por VIH, VHB y VHC en profesionales sanitarios y la inclusión del VIH entre las enfermedades que reducen la esperanza de vida reconocidas en el RD 1851/2009 en cuanto a la anticipación de la jubilación de los profesionales con discapacidad igual o superior al 45%.

 

Sobre la “Comisión VIH y Empleo”
Constituida el 1 de diciembre de 2014 por la Coordinadora Estatal de Sida (CESIDA), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Trabajando en Positivo, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), su objetivo es promover y defender los derechos de las personas con VIH, especialmente aquellas que se encuentran en situación de riesgo de discriminación social y laboral.