La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid determina y confirma con absoluta claridad que los 532 repartidores de Deliveroo son  trabajadores, no autónomos. La resolución ha sido adoptada por los 20 magistrados del Tribunal, sin ningún voto particular. Confirma así todos los elementos de laboralidad que ya detectó, con anterioridad, la Inspección de Trabajo y que amplió el Juzgado 19 de Madrid.

La importancia de esta sentencia radica que es la primera de un Tribunal Superior de Justicia sobre un procedimiento de oficio,iniciado por las actas de liquidación de la Inspección de Trabajo contra la relación de falsos autónomos que mantenía y mantiene aún Delivero (Roofoods) con sus repartidores.

El recurso fue interpuesto por la empresa y asoriders y a él contestaron todas las partes implicadas.  Este reconocimiento como trabajadores permitirá iniciar la transformación del modelo de Deliveroo para todos los afectados hacia el Régimen General de la Seguridad Social y todos los derechos sociales que lleva consigo. Es decir, si ahora son trabajadores por cuenta ajena les corresponde la aplicación del convenio colectivo correspondiente.

Desde UGT consideramos muy importante esta sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid ya que resume todo aquello por lo que hemos estado luchando y que coincide, en sus conclusiones, con otra sentencia de TSJ de Madrid sobre el modelo de trabajo de Glovo.

El sindicato seguirá luchando por el reconocimiento del convenio colectivo sectorial. Es decir, si ahora son trabajadores por cuenta ajena les corresponde que sus condiciones laborales estén reguladas por convenio de su convenio colectivo. También continuaremos trabajando para que se devuelvan las cuotas de autónomos a todos los afectados y afectadas porque no se puede cotizar dos veces, en los dos sistemas de la Seguridad Social, por la misma actividad. 

La actuación de la Inspección de Trabajo, respaldada por los órganos judiciales, es una de las principales y más efectivas herramientas que debe utilizar la actual ministra de Trabajo, si quiere cumplir con lo manifestado hoy mismo en diferentes medios de comunicación para proteger a las personas que se dedican al reparto a través de plataformas digitales.

Tenemos que recordar que las empresas deben más de 16 millones de euros a la Seguridad Social según el Informe de ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno de fecha enero 2020, con datos cerrados a 31 de diciembre de 2019.

Las plataformas digitales no pueden seguir evitando el cumplimiento de la ley. Al final, por mucho que se dilate el proceso, por mucho que quieran hacernos creer que estos repartidores son emprendedores y autónomos, la realidad ha demostrado, con claridad, que detrás del algoritmo está una empresa que vulnera los derechos de las personas trabajadoras.