Como ya ocurrió en las diferentes desescaladas de la pandemia de la covid-19, toman de nuevo fuerza los mensajes empresariales que llaman a acabar con el trabajo remoto y abundan en el presencialismo a tiempo completo.

UGT considera que se trata de un debate altamente descontextualizado y parcialmente superado. La mayoría de las noticias al respecto provienen de empresas sitas en EEUU, que aprovechan la laxitud de sus leyes laborales para erradicar el teletrabajo. Al contrario que allí, la regulación del Teletrabajo en España reposa sobre los Convenios Colectivos y, en su defecto, sobre la Ley de trabajo a distancia; una norma que estipula que las modificaciones –“incluido el porcentaje de presencialidad ”– deberán acordarse con sus representantes legales o con la persona trabajadora.

Las noticias que describen reducciones de salario a cambio de conservar el teletrabajo son absolutamente ilegales y están completamente vedadas en nuestro país, donde se garantiza que “las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa”, “incluyendo la retribución”.

Como ya advertíamos al principio de este año, el repunte del número de personas en teletrabajo en los últimos años no responde únicamente a un cambio de actitud de los empleadores, sino que es la consecuencia directa del esfuerzo realizado por UGT en los diferentes convenios colectivos que se han ido acordando, respondiendo a las necesidades de las personas trabajadoras que demandaban una regulación convencional del teletrabajo en sus empresas.  

Las cifras no dejan lugar a dudas: a pesar de las reticencias de las empresas, en 2023 se firmaron 181 nuevos convenios colectivos que regulan el trabajo a distancia, un 20% más que 2022 y un 364% más que antes de la irrupción de la pandemia. En lo que va de 2024, un 20% de los convenios se firman con cláusulas referidas al trabajo en remoto, cuatro puntos más que en 2023 y cinco veces más que en 2019.

Por si esto no fuese suficiente evidencia, el V Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva –vigente hasta 2025– dedicaba un capítulo exclusivamente al Teletrabajo, asumiendo la literalidad de la ley de trabajo a distancia y la autonomía de la negociación colectiva.

En definitiva, se deben tomar con alfileres noticias que nada tienen que ver con nuestra legislación ni con los acuerdos vigentes, a la par que el futuro del teletrabajo en España dependerá no sólo de los intereses empresariales sino también de las legítimas reivindicaciones de las personas trabajadoras, que UGT llevará a las mesas de negociación colectiva en su función de representación legal.