Europa estudia si España contraviene la Carta Social Europea en esta materia. UGT defiende la necesidad de cumplir con la normativa internacional vigente y mantener el derecho del trabajo como elemento fundamental de cohesión social

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) ha admitido a trámite la reclamación interpuesta por UGT el pasado 24 de marzo contra el actual sistema español de despido, que incumple de manera manifiesta el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un pronunciamiento que, por cierto, realiza el Comité la misma semana en la que resuelve que Francia incumple el derecho de protección en caso de despido. 

De esta forma, el CEDS estima de plazo hasta el 30 de noviembre para que el Gobierno y las organizaciones empresariales europeas presenten sus observaciones ante esta cuestión, y para que UGT responda a las alegaciones del Ejecutivo. Para el sindicato, la indemnización por despido debe ser suficientemente reparadora y proporcional del daño que produce a la persona trabajadora, y hasta el momento, no lo es, sobre todo para las que llevan poco tiempo empleadas. El trabajador o trabajadora sufre perjuicio si pierde el trabajo de forma arbitraria y el coste del despido se ha devaluado en las últimas décadas.

En este sentido, la reforma de 2012 disparó la temporalidad, redujo los salarios y aumentó la brecha de desigualdad. Además, al reducir la indemnización, eliminar los salarios de tramitación y disminuir la intensidad de las causas del despido, se fomentó acudir a vías extintivas aparcando figuras más protectoras con el empleo y con las personas.

Las sucesivas reformas laborales han convertido el despido injustificado en libre y escasamente pagado. La reducida indemnización por una extinción arbitraria no cubre el daño realmente causado. La actual normativa española reguladora del despido no ampara a la persona trabajadora frente a decisiones arbitrarias, sin causa real, donde la empresa no tiene que hacer el mínimo esfuerzo por probar la causa que dice para justificar la extinción.

Por ello, UGT considera fundamental cumplir con la normativa internacional vigente y mantener el derecho del trabajo como elemento fundamental de cohesión social. La reforma laboral de 2021, acordada por los interlocutores sociales y el Gobierno, apuesta por el empleo estable, protegiendo lo que está insuficientemente protegido. Pero aún queda la segunda parte, la que contiene elementos tan importantes como el despido, que hay que abordar de manera inmediata en la mesa de diálogo social y adecuar esta materia a la legislación vigente.