La secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, intervino ayer en la Reunión del Plenario del Comité Económico y Social Europeo (CESE) donde presentó para debate y votación final el Dictamen Desequilibrios en la protección social en general y en particular para las nuevas formas de trabajo y los trabajadores atípicos, que fue finalmente aprobado.

Los sistemas de seguridad social datan de hace más de un siglo, tienen un vínculo directo con el mercado laboral y se financian en gran medida con las cotizaciones del trabajo normal o típico. Sin embargo, según Eurostat, más del 40% de la población empleada de la UE (77 millones de personas) tiene modalidades de trabajo atípicas, una cifra que va en aumento.

En 2022 había diecisiete Estados miembros en los que, al menos un grupo de trabajadores atípicos, no estaba cubierto por ninguna rama de la protección social. Además, en Europa las mujeres reciben de media alrededor de un 40% menos en pensiones que los hombres, y son sólo dos ejemplos de las desigualdades o lagunas en el acceso a la protección social de los trabajadores, lo que llamamos brechas en la protección social.

El trabajo atípico, que a menudo implica condiciones que no respetan el trabajo decente, conduce a la privación de una protección social adecuada, contraria al Pilar 12 del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Esta situación genera discriminación, exclusión social y pobreza.

Por ello, Europa debe construir una protección social real y efectiva para los trabajadores atípicos y de plataforma, actualmente desprotegidos, mejorando los marcos jurídicos y las políticas. Los interlocutores sociales deben participar en la creación y seguimiento de los nuevos sistemas de protección, lo que, según la evaluación de la CE de los PNR sobre protección social no ocurre actualmente, ya que los Estados Miembros no cuentan con unos interlocutores sociales que tendrían que participar en la evolución de los sistemas de seguridad social para cubrir las nuevas formas de empleo y de trabajo atípico.

Ante la difusión cada vez más rápida de formas atípicas de empleo, mucho menos cubierto por la protección social, y dada la urgente necesidad de gestionar la transición digital y ecológica de manera justa, teniendo en cuenta que todo ello también ejerce presión sobre la financiación de los sistemas de seguridad social, era imperativo que el CESE evaluara el cumplimiento de la Recomendación de la CE sobre la igualdad de acceso a la protección social de las personas trabajadoras, independientemente de su sexo o forma de contrato.

De hecho, varios expertos presentes en la audiencia pública elaborada para preparar el dictamen coincidieron en que sería muy beneficioso contar con una directiva sobre requisitos mínimos de cobertura de protección que vaya más allá de la recomendación de la CE e incluya además las prestaciones y su duración, como mínimo, atención a las personas más vulnerables.

Los sistemas de protección social son la piedra angular de la calidad de vida en Europa

El objetivo de este dictamen de iniciativa es contribuir a que los sistemas de protección social sean capaces de cubrir a toda la población trabajadora frente a las perturbaciones económicas, especialmente el trabajo atípico y las nuevas formas de empleo.

Por eso UGT defiende, entre otras cosas:

•    Las causas que están detrás de los procesos de transición del trabajo típico al trabajo atípico -la globalización, las innovaciones organizativas en las empresas, la digitalización, las propias condiciones de progreso social, así como los cambios y deficiencias en la regulación de las relaciones laborales- van en aumento y los trabajadores atípicos no tienen garantizado el acceso a prestaciones suficientes y sostenibles.
•    Por ello, animamos a las instituciones de gobierno de la UE y a los Estados miembros a que, en el marco de sus competencias, y tras el diálogo social, velen por la adaptación de los sistemas de protección social a las formas atípicas de trabajo, para garantizar una cobertura y unas prestaciones suficientes y asegurar un trabajo y una vida dignos, tal y como se recoge en la Carta Social Europea.
•    Es también necesario avanzar, de acuerdo con las prácticas nacionales, en sistemas de protección social para todos los ciudadanos, para avanzar hacia rentas mínimas estatales, de acuerdo con el principio 14 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que garanticen una protección suficiente.
•    Para ello, pedimos a la UE y a los Estados miembros que lleven a cabo una revisión exhaustiva de las fuentes de financiación de los sistemas de protección social. La Unión, en el marco del principio de subsidiariedad, debería hacer mayores esfuerzos para ayudar a los Estados miembros a hacer frente incluso a los obstáculos financieros. En este sentido, el intercambio de buenas prácticas es muy positivo.
•    Por último, invitamos a la Comisión a evaluar, lo antes posible, la aplicación de la Directiva (para la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social) y a proponer reformas, ya que está obstaculizando las medidas nacionales para eliminar las diferencias. No debe haber obstáculos jurídicos a la promoción por los Estados miembros, en el marco del diálogo social, de la corrección efectiva de las lagunas de protección, de conformidad con el artículo 157, apartado 4, del TFUE".