Los resultados del cuarto trimestre de 2025 de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), publicados hoy por el INE, registran un incremento anual del coste laboral del 3,8% y del coste salarial del 3,6%. Por lo tanto, ambas tasas son 8 décimas superiores a las registradas el trimestre anterior. Por su parte, los costes laborales por hora efectiva trabajada aumentan un 3,4% anual y, descontando los efectos estacionales y de calendario, un 4,1%. 

Estos datos cierran el año 2025, por lo que ya se conoce que el coste salarial medio por trabajador se incrementó un 3,2% en 2025. Pese a que es el dato más bajo desde 2020, los salarios medidos por esta encuesta aumentaron su capacidad adquisitiva un muy modesto 0,5%, dado que la inflación fue del 2,7% en promedio. Esta evolución se enmarcaba en un contexto muy determinado definido por una inflación moderada, algo que en los próximos meses va a cambiar por el impacto de la guerra en Oriente Próximo. 

Desde 2023 hasta 2025 se ha mantenido una dinámica de crecimientos salariales derivados de los buenos resultados en la negociación colectiva con la presencia de UGT y de una moderación de la inflación, lo que ha permitido un lento, pero continuado proceso de recuperación del poder adquisitivo que se perdió en 2022, este incremento salarial merece una valoración positiva. No obstante, a pesar de este proceso, todavía no se ha alcanzado una recuperación completa de los salarios perdidos en 2022, pese a los beneficios tan elevados que estaban obteniendo las empresas. Esta falta de recuperación del poder adquisitivo se pone aún en mayor riesgo con el escenario de incertidumbre internacional, el escenario bélico causado por los Estados Unidos e Israel y el incremento de los precios energéticos de las últimas dos semanas, nos exponemos a una nueva crisis inflacionaria provocada por una guerra ilegal, como ya sucedió con la invasión rusa de Ucrania. 

Para evitar que su impacto vuelva a debilitar los bolsillos de las personas trabajadoras desde UGT consideramos fundamental que el gobierno actúe de manera decidida con medidas que contrarresten la escalada de los precios e incentiven en la negociación colectiva la extensión de las cláusulas de revisión salarial, una herramienta que permite proteger las subidas salariales de incrementos inflacionarios imprevistos. 

Por otro lado, la ETCL ofrece información sobre el número de vacantes que existen en la economía española. En el cuarto trimestre de 2025 hubo 155.737, un 5,2% más que hace un año. Estas vacantes se concentran mayoritariamente en el sector servicios, que agrupa un 86,3% del total, seguido del 8,9% en la industria y el 4,8% en la construcción. Sin embargo, se trata de una cifra baja si se compara con el total del empleo, puesto que solo representan un 0,8% del total. De hecho, en términos comparados con los países de la Unión Europea España es el segundo país con menor porcentaje de vacantes. 

En cualquier caso, el dato de vacantes exige una explicación respecto a sus causas, que pueden ser de distinta índole. Se pueden deber a unas condiciones laborales ofertadas muy precarias, a la lentitud de los procesos selectivos y de contratación, a la dificultad para cubrir puestos con determinadas cualificaciones de auge reciente o a la imposibilidad de optar al puesto de trabajo por la carestía de la vivienda. Según la circunstancia, la actuación para corregirlas debe ser diferente. En algunos casos la presencia de vacantes puede estar reflejando la ineficiencia de las políticas activas de empleo para intermediar entre la oferta y la demanda de trabajo, entre las personas desempleadas y las empresas con necesidad de cubrir un puesto de trabajo.

Para evitar este problema desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores creemos que es necesario reforzar las políticas activas de empleo mediante una cartera de servicios común plenamente desarrollada y una red amplia de orientadores que ofrezcan atención personalizada a las personas desempleadas. Para ello, se deben mejorar las capacidades técnicas de los servicios públicos de empleo, crear un catálogo mínimo común para todas las CCAA —especialmente dirigido a parados de larga duración— y perfeccionar el diseño de los programas con objetivos claros y sistemas de evaluación que midan su eficacia. Además, es imprescindible dotar a estos servicios de los recursos necesarios para que funcionen plenamente. 

En resumen, ante la probable escalada de los precios es fundamental que haya una actuación del gobierno que proteja a las personas más vulnerables y a los sectores económicos más expuestos a los bienes y servicios que ya se están encareciendo. También es imprescindible acometer algunas reformas que aprovechen el contexto de creación de empleo que atraviesa la economía española para reformar las políticas activas de empleo, seguir con la reducción del desempleo y fomentar la creación de puestos de trabajo en sectores de alto valor añadido.