El número de trabajadoras y trabajadores que en la Unión Europea (UE) no pueden permitirse unas vacaciones de al menos una semana ha aumentado en más de dos millones, según un análisis de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Los datos, extraídos de las cifras que ha proporcionado la UE de 2022 y que tienen en cuenta la proporción de personas de 18 a 64 años que están trabajando y no pueden permitirse una semana de vacaciones, muestran que casi 40 millones de personas trabajadoras, el 15% del total, no pueden costear los gastos de siete días de descanso fuera de sus casas. En 2021 eran 37,6 millones.

El mayor aumento se ha producido en Francia, aunque Italia sigue siendo el país con mayor número de personas (más de seis millones) cuyos salarios no les permiten pagar una semana de descanso. Porcentualmente son Rumanía (con el 36% de sus trabajadoras y trabajadores), Chipre (25%) y Grecia (25%) los países que encabezan la lista. En España se ha producido un aumento de 1,8% con respecto al año anterior, situándose en el 17,8% del total de las personas que trabajan. 
A tenor de estos datos, las cifras para 2023 y 2024 se presumen peores. Esto se debe tanto al aumento del precio de los costes vacacionales como a la caída de los salarios reales en toda la UE debido al aumento de la inflación producida por el aumento de los márgenes empresariales sobre el que organismos como el Banco Central Europeo o la Comisión Europea alertan desde hace más de un año.

Si bien es verdad que tras las regresivas políticas de austeridad se está produciendo un cierto aumento de la cobertura de negociación colectiva en la UE -destacando el caso de España-, la realidad muestra la necesidad de que la UE y los Estados miembro sigan reforzando los sistemas de negociación colectiva. Esta no sólo puede garantizar una remuneración más justa, sino también que las y los trabajadores puedan disfrutar de más días de vacaciones cada año. 

Habida cuenta que, según Eurofound, han sido muy pocas las acciones y en pocos países las que se han llevado a cabo para que aumente la cobertura de convenios colectivos, la trasposición de la Directiva sobre salario mínimo, que exige a todos los Estados miembro promover la negociación colectiva y garantizar que al menos el 80% de los y las trabajadoras estén cubiertas por convenios colectivos, puede ser la gran oportunidad para lograrlo. Será a mediados de noviembre de este año cuando todos los Estados miembro deban haber hecho los deberes. 

Coincide la publicación de estos datos con la reciente celebración del aniversario de la fundación de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y, en este sentido, es bueno recordar que la consecución de las vacaciones y el disfrute de éstas fueron una de las grandes victorias de las organizaciones obreras en el siglo XX. Este paso hacia adelante mejoró la salud y el bienestar físico y mental de millones de personas, favoreció el ocio y el descanso y contribuyó a un reparto más justo de la riqueza, progreso en igualdad, etc. 

Sin embargo, las cifras que ofrece la CES, subrayan el deterioro del progreso social. Pese a los avances logrados en los últimos años, un mayor número de trabajadoras y trabajadores sólo puede subsistir con sus salarios en Europa. Este es el resultado del aumento de la desigualdad económica que la codicia corporativa está produciendo y que se deja ver en multitud de circunstancias diarias, desde el acceso a una vivienda digna, la imposibilidad de proteger sus hogares contra las altas temperaturas o el disfrute de las vacaciones a las que todas y todos tenemos derecho.