UGT y CCOO queremos manifestar una vez más nuestra profunda consternación ante la devastadora tragedia provocada por las intensas lluvias e inundaciones que han asolado distintas zonas del país, con un impacto singularmente grave en Valencia, pero también en las comunidades autónomas colindantes. Reiteramos nuestro dolor por la pérdida de vidas humanas, que alcanza niveles insoportables, y nuestra mayor solidaridad y preocupación por los daños ocasionados en viviendas, infraestructuras y equipamientos. Esta catástrofe ha golpeado duramente en zonas donde vive y trabaja, en su mayoría, población trabajadora, quien está enfrentando momentos de extrema dureza.

En estos momentos de desolación, CCOO Y UGT instamos a todas las instituciones públicas a que movilicen todos los recursos necesarios para las tareas de rescate y emergencia. Es urgente restablecer el acceso a alimentos, agua, energía y servicios básicos, y responder al impacto sociolaboral y económico que sufren todas las áreas afectadas. La situación es crítica, con muchas personas aún desaparecidas, y la prioridad inmediata debe ser localizar y recuperar cuerpos que permanecen atrapados en coches, sótanos e incluso,  viviendas. El riesgo de un grave problema de salud pública amenaza con añadir más sufrimiento al ya trágico saldo de vidas perdidas.

Sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a cada nivel de la administración, en este momento la prioridad es aunar todos los esfuerzos para atender la emergencia de rescate de las víctimas, la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas, el restablecimiento de los suministros a toda la población afectada y la garantía de acceso a las viviendas en condiciones de seguridad o,  proveyendo de alojamientos alternativos   en tanto se restablece la posibilidad de acceso a sus domicilios de todas las personas que no pueden hacerlo en este momento.

UGT y CCOO se ponen a disposición de las autoridades responsables de las actuaciones de coordinación de las operaciones de ayuda y apoyo para el restablecimiento más temprano posible de las condiciones básicas de vida en las zonas afectadas.

Es imprescindible la cobertura pública con todos los medios disponibles y que se movilicen todos los medios necesarios, para lo que es de utilidad la declaración de zona afectada gravemente, que ha anunciado el Gobierno de España al amparo de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta legislación extraordinaria debe permitir activar también de inmediato las ayudas económicas por daños personales, en la vivienda habitual y enseres de primera necesidad, medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social. Todo ello, con celeridad y agilidad administrativa que es esencial en estos momentos.

Es preciso prever también el impacto que esta situación tiene en cuanto a disminución de renta disponible de muchas personas, por lo que deben complementarse las prestaciones públicas para reducir al máximo ese impacto, así como establecer moratorias y readaptación del pago de la deuda hipotecaria que deben afrontar muchas personas y familias, con las dificultades que genera una situación tan dramática como esta.

Las consecuencias para el empleo y las condiciones de vida de la población trabajadora son evidentes, debe reactivarse, adaptado a esta situación, el escudo social que ya hemos puesto en marcha con excelentes resultados en pandemia y que ahora es imprescindible para una parte del territorio.

También resulta imprescindible atender la pérdida de renta de muchas personas afectadas; proponemos que se complemente la prestación pública para reducir al máximo el impacto económico de esta situación, junto con moratorias y readaptaciones en el pago de la deuda hipotecaria que afrontan numerosas familias.

Las repercusiones laborales y en las condiciones de vida de la población trabajadora son evidentes. Exigimos la reactivación del escudo social, el cual ha demostrado ser efectivo durante la pandemia, y que ahora resulta imprescindible. En este sentido, demandamos la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que implemente, entre otras, las siguientes medidas extraordinarias:
   1. Aplicación de ERTES por fuerza mayor, sin consumo de prestaciones de desempleo, para proteger el empleo y permitir una recuperación gradual de las empresas, utilizando las figuras pactadas en la reforma laboral y con una visión extensiva y garantista que cubra la afectación indirecta.
   2. Protección extraordinaria por desempleo para trabajadores asalariados y autónomos que no puedan retomar sus actividades debido a la catástrofe.
   3. Evitar la extinción de contratos temporales y proteger a quienes tienen contratos fijos discontinuos.
   4. Permitir el teletrabajo donde sea posible y evitar los riesgos de desplazamiento inseguro para acudir al trabajo mientras se restablecen las infraestructuras.
   5. Crear un programa similar al MECUIDA, que permita la adaptación o reducción de jornada laboral para atender a las necesidades familiares y de cuidado en estas circunstancias.

Además, demandamos el refuerzo inmediato de plantillas en servicios sanitarios, sociales, de empleo y de Seguridad Social, para que puedan atender adecuadamente el previsible incremento de solicitudes y actuaciones en cada uno de ellos.

Asimismo, prestaremos todo el apoyo necesario a nuestras organizaciones en todas las zonas afectadas, de manera singular en el caso del País Valenciano, para dar cobertura al dispositivo de atención a la población trabajadora que va a ser necesario. Tanto desde la perspectiva de lo ya ocurrido en los últimos días en cuanto a las condiciones de trabajo, desplazamiento y riesgos laborales que se han producido, como respecto de las consecuencias que puedan derivarse de esta situación en las próximas semanas o meses.

UGT y CCOO vamos también a exigir responsabilidades por las decisiones adoptadas, y por las no adoptadas en tiempo, y las consecuencias que han tenido para la vida de un número aún indeterminado de personas trabajadoras. Las catástrofes vinculadas a la emergencia climática requieren de políticas públicas estructurales, no recortes de recursos públicos ni negacionismos reaccionarios. El análisis y la previsión científica no pueden ser postergadas por fanatismos ideológicos. Hay que revisar las políticas urbanísticas y los protocolos de protección civil, y desde luego, estar a la altura de las alertas que emiten las entidades encargadas de las predicciones meteorológicas. La irresponsabilidad y la negligencia la pagan siempre las clases trabajadoras y populares.

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