La contribución de los interlocutores sociales y, en particular, de la UGT, han sido vitales para la modernización de nuestros sistemas y estructuras formativas. 

La aprobación hoy, en el Congreso de los Diputados, de la nueva Ley de Formación Profesional, constituye un claro ejemplo de que seguir consultando a los interlocutores sociales sobre el diseño y aplicación de las políticas económicas, laborales y sociales, resulta más necesario que nunca, tal y como se refleja en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

La Formación Profesional es una palanca esencial para la adaptación a las necesidades actuales del mercado de trabajo y la nueva Ley es un reflejo de cómo la contribución de los interlocutores sociales y, en particular, de la UGT, han sido vitales para la modernización de nuestros sistemas y estructuras formativas. 

Esta norma, por tanto, es un ejemplo más de que potenciar el diálogo social resulta clave para solventar los problemas de índole económico y social que permitan a nuestro país progresar adecuadamente en la senda del crecimiento económico y de la cohesión social.

Como muy bien mencionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Cumbre Social Tripartita, celebrada el 24 de marzo de 2021, “para recuperarnos de esta profunda crisis, debemos centrarnos en crear nuevos puestos de trabajo de calidad y equipar a las personas con las habilidades necesarias. Para lograrlo, creo firmemente en la importancia del diálogo social, que es un pilar central de nuestra economía social de mercado”.