Ante el anuncio de nuevas ayudas para jóvenes realizado hoy en Luxemburgo por la Ministra de Empleo y Seguridad Social, la Unión General de Trabajadores se ve en la obligación de recordar a Fátima Báñez que las mesas de diálogo social sobre empleo llevan meses abiertas sin avances porque el Gobierno se niega a darles contenido. Es por eso que lamentamos que el Ministerio de Empleo sea más proactivo en actuaciones de propaganda y menos en la búsqueda de consenso con los interlocutores sociales para resolver los graves problemas laborales que tienen los jóvenes de nuestro país.

Las cifras que deberían preocupar a la Ministra de Empleo y Seguridad Social son aquellas que reflejan la exclusión de los jóvenes del mercado de trabajo, y la precariedad extrema a la que se ven sometidos los que consiguen un empleo: la tasa de paro de los jóvenes españoles es del 41,6%, la segunda más elevada de toda la Unión Europea; 600.000 jóvenes menores de 25 años en desempleo y más de 1,5 millones de menores de 35 años sin trabajo; 56% de temporalidad para los menores de 30 años y 73% para los menores de 25 años; la población activa menor de 35 años ha descendido en 1,7 millones en los últimos cuatro años y medio.

La Ministra de Empleo y Seguridad Social anuncia ahora 2 tipos de medidas para menores de 30 años con mayores dificultades de inserción laboral: ayuda económica de 430 euros para jóvenes que suscriban un contrato de formación o aprendizaje, y bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social para la conversión de esos contratos en indefinidos. UGT considera que estamos ante una nueva estrategia propagandística del Gobierno, que va parcheando la situación a salto de mata y sin una estrategia clara que permita afrontar el problema del empleo juvenil con seriedad.  

En este sentido, UGT considera que los jóvenes quieren y se merecen empleos dignos, no ayudas ni caridades paliativas. Y respecto a la segunda propuesta, UGT ha manifestado en numerosas ocasiones que las bonificaciones a la contratación, las reducciones en las cotizaciones sociales o cualquiera otra forma de subvencionar la contratación de desempleados supone una mera transferencia de rentas desde el presupuesto público a las empresas sin beneficios reales sobre el empleo ni sobre los colectivos de desempleados incentivados. Desde 2014 el Gobierno ha ido aumentando el presupuesto destinado a bonificaciones para el fomento del empleo en más de 400 millones y las reducciones en cotizaciones sociales a más de 200 millones de euros entre 2015 y 2016.

España necesita un plan de empleo juvenil realista, un verdadero plan de choque por el empleo negociado con las partes implicadas (Gobierno, patronal y sindicatos). Eso es lo que esperamos que el Ministerio de la señora Báñez plantee en las mesas de diálogo social.