Ayer, 3 de diciembre, el primer ministro de Corea del Sur, Yoon Suk-Yol proclamaba la ley marcial. Es la primera vez que esto ocurre desde los años ochenta, cuando el país asiático se encontraba bajo un régimen autoritario. Según Suk-Yol, la oposición responde a los intereses de Corea del Norte por lo que la ley marcial es la única fórmula posible para mantener la estabilidad del país.

La realidad es bien distinta: el voto en contra del Partido Democrático de Corea (principal formación en la oposición) a los presupuestos generales presentados por el primer ministro ha llevado al líder conservador a proclamar el Estado marcial, suspendiendo, entre otros, el derecho a manifestación.

A pesar de que el ejército ha rodeado el Parlamento de forma inmediata, los diputados se han mantenido en su interior y han votado por unanimidad el rechazo a esta ley.

Los numerosos escándalos de corrupción que acechan al primer ministro surcoreano y sus posiciones cada vez menos democráticas abren un debate sobre el futuro del país, ya que nadie puede confirmar qué posición tomarán los militares.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores rechaza el auto-golpe de Estado del líder que ha hecho de las políticas antisindicales su marca, llegando a proponer aumentar la jornada laboral hasta las 120 horas de trabajo semanal, algo que da buena muestra del talante del presidente surcoreano.

El sindicato quiere mostrar su solidaridad con la KCTU y la FKTU, organizaciones sindicales hermanas que lideraron las marchas y acciones por la democracia en el país y que con frecuencia han sido víctimas de la ira de Suk-Yol, cada vez que éste se ve envuelto en un nuevo escándalo.