​UGT exige que el Gobierno revierta la modificación del contrato predoctoral, ya que está fuera de sus competencias y se ha realizado para beneficiar a las empresas. El sindicato recuerda que este cambio, que aún no ha sido notificado a los afectados, va a tener una serie de perjuicios presentes y futuros para este colectivo, como el hecho de no tener derecho a una indemnización a la finalización de su contrato o no tener derecho a la tarjeta sanitaria europea, entre otras cuestiones. UGT reclama al Gobierno que dé explicaciones sobre esta medida encubierta e ilegal y que se desarrolle el Estatuto del Investigador, para acabar cualquier tipo de prejuicio para este colectivo. De lo contrario, el sindicato se movilizará para defender los derechos de los 10.000 jóvenes investigadores de nuestro país.

La Unión General de Trabajadores denuncia que la modificación, incluso con carácter retroactivo, de los contratos predoctorales suscritos con miles de jóvenes investigadores de nuestro país, para que pasen de ser contratos por obra y servicio a contrato en prácticas, está fuera de las competencias del Ministerio de Empleo y solo se ha realizado para beneficiar a las empresas.

El sindicato señala que los afectados no han sido aún notificados de esta modificación, que supone una serie de perjuicios presentes y futuros para este colectivo. En este sentido, algunos de los problemas es que la duración de la investigación choca, en muchos casos, con el tiempo máximo por el que se puede realizar un contrato en prácticas, dos años; y el objetivo del contrato en prácticas es adquirir una experiencia laboral tras terminar los estudios, naturaleza muy distinta a lo que deberían ser los contratos predoctorales.

Además, no permite al contratado tener acceso a la tarjeta sanitaria europea, cuando el Gobierno lleva años asegurando que su modelo sanitario es universal; y si, tras el doctorado se pretende iniciar una etapa laboral, las empresas ya no podrán volver a realizar otro contrato en prácticas por la misma titulación, entre otras cuestiones.

Sin embargo, con el contrato de obra y servicio, se salvan todos estos prejuicios, como había ocurrido hasta ahora. El problema es que este contrato carece de las bonificaciones a la contratación de la que se benefician las empresas que realizan contratos en prácticas. Para UGT, ésta ha sido la única razón que ha llevado al Gobierno a realizar estas modificaciones, más pendiente siempre del beneficio de las empresas que de la población de nuestro país, incluidos nuestros jóvenes.

Por ello, el sindicato exige a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que explique, si puede, por qué un órgano público ha actuado de manera irregular, a espaldas de los ciudadanos, con una modificación que ha sido encubierta e ilegal, y argumente las necesidades de este cambio.

Además, UGT reclama que se reviertan estas modificaciones, con el fin de acabar con la indefensión a la que se van a ver sometidos miles de investigadores jóvenes de nuestro país, y se desarrolle el Estatuto del Investigador para tener en cuenta todas las necesidades de este colectivo y acabar de esta forma con cualquier tipo de prejuicio derivado de parchear las relaciones laborales de los investigadores con otras modalidades contractuales al albur de las imposiciones de cualquier gobierno.

Para UGT, resulta fundamental corregir este error deliberado del Gobierno y obtener su compromiso para tratar de desarrollar, de manera justa y legal, ese contrato predoctoral. De lo contrario, el sindicato se verá obligado a movilizarse para asegurar el derecho de estos 10.000 jóvenes investigadores.