La Fiscalía decidió desempolvar un artículo en desuso e inspirado en la etapa preconstitucional para perseguir el derecho fundamental a la huelga, el artículo 315.3 del Código Penal, durante la Huelga General de 2012 al Gobierno de la mayoría absoluta del Partido Popular de la anterior legislatura. Hoy se cumplen 5 años de la huelga general del 29 de marzo de 2012, convocada para protestar por una reforma laboral que está destrozando nuestro mercado de trabajo y todavía son decenas los sindicalistas que siguen encausados de manera injusta por participar en aquella y otras movilizaciones, por delitos que no han cometido, como Rubén Ranz y José Manuel Nogales, para los que el fiscal pide 7 años de cárcel. UGT pide a la mayoría parlamentaria del Congreso que, al igual que ha hecho con la Ley Mordaza, apruebe la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y modifique el mismo para  no se puedan utilizar otros artículos, como el 173, para perseguir el ejercicio del derecho de huelga.

Casi 300 sindicalistas, 89 de ellos de UGT, han sido encausados por ejercer el derecho fundamental a la huelga. En su gran mayoría por su participación en las huelgas del 29 de septiembre de 2010 y del 29 de marzo de 2012. Aunque hay dos huelgas, la del transporte 2008 y la de la limpieza de 2013  que afectan a 12 y 1 persona respectivamente, aunque a esta última solo se le acusa de Falta.  

Por otro lado, una gran mayoría de los procesos no han terminado y  están pendientes de resolver los recursos presentados contra las correspondientes sentencias de los juzgados de lo penal. En la mayor parte de los casos, a los trabajadores y sindicalistas se les acusa de delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y daños.

¿Por qué sucede esto?

Esta persecución del derecho de huelga, forma parte de una campaña del Gobierno del PP, en la anterior legislatura, a través de la Fiscalía General del Estado y mediante medidas legislativas contra las libertades ciudadanas, así como un ataque continuo y sistemático a todo el movimiento sindical. El Gobierno del PP, utilizando su mayoría absoluta, aprobó una serie de reformas para acallar la protesta social (como la conocida Ley Mordaza)  e intentar criminalizar y castigar el derecho de huelga, al amparo de un artículo en desuso, como es el 315.3 del Código Penal.

UGT insta a la mayoría parlamentaria del Congreso a que, al igual que hizo con la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), desautorice al Gobierno del PP y apruebe la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y modifique el mismo para  no se puedan utilizar otros artículos, como el 173, para perseguir el ejercicio del derecho de huelga.

Asimismo, UGT recuerda que esta cuestión no sólo afecta a los sindicatos, sino a todos los trabajadores y trabajadoras, y al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. La sociedad tiene que tener claro que éste es un atentado contra su libertad y sus derechos y su capacidad de reivindicar y defender sus intereses. Atentar contra estos derechos es debilitar nuestro sistema democrático.

Siete años de cárcel y cinco de juicio social

UGT recuerda que el próximo 21 de junio, los sindicalistas de UGT Rubén Ranz y José Manuel Nogales ("los dos de la plaza de la lealtad" como se les conoce en los ámbitos del sindicato) serán juzgados por unos delitos que no cometieron, por los que les piden siete años de cárcel, y por los que fueron detenidos injustamente hace cinco años por participar en un piquete informativo en la plaza de la Lealtad de Madrid durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Hoy hace cinco años de esa detención y ha supuesto cinco años de juicio y condena social para estos sindicalistas, que ellos y sus familias están sufriendo desde entonces indefensión ante esta situación y el temor por un juicio que parece que se celebrará en junio.