UGT reclama una reforma de la prestación para hacerla más completa, eficiente y justa

La prestación es totalmente insuficiente y está mal gestionada. Se pide la declaración de patrimonio del año 2019 (cuando no había pandemia), la renta garantizada está por debajo del umbral de pobreza severa, no se cuantifican ni gastos de alquiler ni de hipoteca y deja fuera a la población extranjera, uno de los grupos más vulnerables.

UGT ha presentado una serie de enmiendas a esta ayuda, como rebajar la edad de acceso a los 18 años, considerar la situación de vulnerabilidad en el momento de la solicitud (no dos años antes) o establecer una pasarela automática para que toda persona que agote su prestación por desempleo pase a cobrar el IMV. 

El sindicato considera imprescindible realizar una reforma más completa y eficiente de esta ley para convertirla en estructural, mediante el diálogo social y parlamentario. 

Estos días se cumple un año de Ingreso Mínimo Vital, una prestación que, lamentablemente, no llega a todos los hogares vulnerables y en situación de necesidad que debería cubrir. Esta medida, que tuvo su origen como parte del llamado escudo social durante la pandemia, está siendo claramente insuficiente ya que, ni ha cumplido las expectativas por las que fue impulsado ni ha beneficiado a las personas potencialmente perceptoras. En este sentido, en un año ha alcanzado tan solo a más de 600.000 personas, de las 2,5 millones estimadas por el Gobierno como destinatarios de esta prestación asistencial de la Seguridad Social. Es decir, no ha llegado ni a un tercio de las personas beneficiarias.  

Estos datos nos demuestran que el IMV no está funcionando correctamente. Para UGT, no es la prestación que hubiéramos esperado, si bien su aprobación era necesaria, para que los más afectados por la grave situación sanitaria y económica en la que estamos incursos, tuvieran recursos para poder sobrevivir.

UGT recuerda que el IMV nació como una prestación social para personas sin ingresos y en situación de vulnerabilidad social. Una prestación cuya cuantía es claramente insuficiente, puesto que sólo alcanza a cubrir la diferencia entre la renta garantizada que, para un sólo beneficiario es de 461 euros; y el conjunto de rentas e ingresos que tenga el beneficiario. 

El sindicato considera que esta prestación está mal diseñada desde el principio, como ya se lo hizo saber al Gobierno, y se ha demostrado claramente insuficiente tanto en su diseño como en su intensidad protectora; siendo necesaria una reforma mucho más sosegada y dialogada tanto social como parlamentariamente.

Consideramos imprescindible su modificación y mejora para lograr ampliar su cobertura, debiendo llegar de forma inmediata a miles de hogares y personas vulnerables que no tienen ingresos ni rentas; a personas sin hogar; y a las miles de personas que forman a diario las llamadas “colas del hambre”. 

Un mal diseño centrado en varios problemas estructurales, centrados en:

• Una renta garantizada que está por debajo del umbral de pobreza severa, de unos 40 euros mensuales. Es contradictorio que su cuantía mínima individual (5.538€ para 2020) en su norma reguladora siga siendo inferior a las pensiones no contributivas.
   
• Se calcula el patrimonio en base a los ingresos del año 2019, cuando no había pandemia. Algo totalmente incomprensible, ya que es una norma impulsada para hacer frente a los altos niveles de pobreza generados por la crisis del coronavirus. Además, no se incluyen las deudas en el cálculo del patrimonio. 
   
• Calcula indebidamente la renta real de las familias beneficiarias, ya que no se restan los gastos del alquiler ni los intereses pagados a los bancos como consecuencia de préstamos para la adquisición de la vivienda habitual. Esto supone una importante desigualdad entre personas que disponen de alojamiento y las que no (porque ambas reciben las mismas cuantías). Y más grave aún, para los que tienen que pagar alquileres y/o créditos para la compra de vivienda, el IMV se convierte en una transferencia de rentas de la prestación de pobreza severa a los arrendadores y los bancos.
   
• Deja fuera a las personas extranjeras, que es uno de los colectivos más vulnerables, contraviniendo la Carta Social Europea.

Todas estas cuestiones dan lugar a que existan 500.000 personas que debería tener derecho al IMV y quedan excluidos del mismo, y su incursión en la protección social no está significando una mejora de la cobertura de los ingresos mínimos en España. En la práctica, se está produciendo un retroceso en la gestión, por las comunidades autónomas, de las rentas mínimas de inserción, y de su cobertura poblacional, cuando estos salarios sociales, en su mayoría, tienen una cuantía superior a la del IMV.

Precisamente, y con motivo de la actual tramitación de su Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, recientemente desbloqueada del plazo de enmiendas, desde UGT hemos remitido a los grupos parlamentarios nuestras propuestas de cara a introducir mejoras de esta joven prestación, si bien es necesaria una reforma estructural. 

Enmiendas presentadas por UGT

Por todo ello, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores ha propuesto al Gobierno y a los partidos políticos una serie de enmiendas para hacer más efectiva y justa esta prestación. 

Una línea de reformas centradas en:

1) Rebajar la edad de acceso al ingreso a los 18 años.

2) Consideración de la situación de vulnerabilidad en el momento de la solicitud, en base a los ingresos declarados en ese año (no en 2019) y posterior regularización de la prestación en base a los ingresos realmente percibidos. Ajustando esta prestación a la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo respecto de otras prestaciones no contributivas del sistema de Seguridad Social.

3) Establecer una pasarela automática desde las prestaciones de desempleo al IMV, para las personas que agoten todas las prestaciones de desempleo a las que tengan derecho y cumplan los requisitos del IMV.

4) Garantizar la gestión pública directa respecto de la certificación de la situación de vulnerabilidad que determina el acceso a la prestación.

Urge dar una respuesta inmediata a las situaciones de extrema necesidad que se está produciendo en los hogares y las personas más vulnerables; agilizando su tramitación y reconocimiento, a partir de una declaración responsable de la persona que lo solicita, sobre su estado de necesidad actual, y eliminando las actuales trabas burocráticas que dificultan su percepción, flexibilizando sus requisitos y reforzando su gestión pública con profesionales.

Para UGT, es imprescindible que se complete este Ingreso Mínimo Vital con el fin de que el escudo social que se ha tejido en nuestro país durante el último año sea más justo y eficaz. Hay que completar esta prestación para que llegue a todos los beneficiarios y beneficiarias y consigamos salir de esta crisis reconstruyendo el país para todos y todas, sin dejar a nadie atrás.