UGT exige un modelo social basado en más derechos y más igualdad para las personas con discapacidad
Fecha: 12 Jun 2014
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, UGT exige un modelo social basado en más derechos y más igualdad, ya que aún se continúan implementando políticas no inclusivas y segregadoras para las personas discapacitadas. La discapacidad es una cuestión de derechos humanos que afecta a la sociedad y cuyo compromiso debe ser asumido por el conjunto de la población. El sindicato considera que este colectivo constituye un alto potencial que, aún queriendo trabajar, se encuentra desaprovechado, por lo que resulta fundamental que puedan participar en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores y no con el doble de probabilidades de estar desempleadas y con índices de temporalidad más elevados.
A lo largo de los últimos años muchas han sido las reivindicaciones que desde UGT hemos realizado en torno a las personas con discapacidad y su inserción laboral. Lo cierto es que año tras año se repite el esquema, pero los rostros ocultos son los mismos. 1. 262. 000 personas en edad de trabajar, de las cuales el 63% son inactivas, con discapacidades mayoritariamente físicas, mujeres, con estudios primarios, con edades comprendidas entre los 45 y 64 años. 795.000 personas permanecen en sus hogares sin posibilidad de acceder al mercado de trabajo, en los que diariamente se encuentran con obstáculos múltiples debido a que a menudo viven en el umbral de la pobreza.
Son cifras excesivamente altas para que los gobiernos continúen mirando hacia otro lado, a finales del año 2012, el porcentaje de personas con discapacidad en paro se había incrementado en un 20% y, lejos de hacer una política activa hacia este grupo de trabajadores, continúan haciéndose políticas no inclusivas y segregadas.
La discapacidad es una cuestión de derechos humanos que afecta a la sociedad en su conjunto, cuyo compromiso debe ser asumido igualmente por toda la sociedad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad plantea un modelo social de la discapacidad basado en derechos, pero para que estos derechos sean realmente efectivos, lejos de tener una prolija normativa al respecto, deben ser puestos en práctica.
Resulta infructuoso tener una normativa en la que se establezca la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y, los entornos, aún a día de hoy resultan inaccesibles; o los plazos para la adaptación de esos entornos cada día se incrementan más.
Las personas con discapacidad constituyen un alto potencial que se encuentra desaprovechado, las barreras estructurales aun se enfrentan a las barreras psicológicas que aún no han evolucionado en un amplio sector de la población. Aún se mide la discapacidad como falta de capacidad y no como personas con necesidades adaptivas especiales para algunas situaciones.
Es fundamental que las personas con discapacidad puedan participar en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores, ofreciendo las mismas posibilidades, tipos de contratos, igualdad en las retribuciones, en la concurrencia de ascensos; etc. Las personas con discapacidad que están empleadas, lo están en peores condiciones que el resto de la población trabajadora, tienen menos posibilidades de optar a un empleo completo, el doble de probabilidades de estar desempleadas, en peores condiciones y con índices de temporalidad más elevados.
Excluir a las personas con discapacidad del empleo, supone un grave coste para la sociedad. Según un estudio reciente de la OIT, anualmente se pierde entre un 3 y un 7% del PIB. Esto se debe fundamentalmente a la pérdida de productividad, a los ingresos fiscales no devengados y al debilitamiento del consumo. Además de los costes de seguridad social de las prestaciones de discapacidad, de las cuales, muchas personas beneficiarias, que se encuentran desempleadas, si pudieran trabajar optarían sin dudarlo por el empleo.