La OCDE ha publicado en el día de hoy una versión preliminar de su informe anual sobre las perspectivas económicas de los países miembros de esta organización (Economic Outlook 2024). En él se destacan los buenos resultados macroeconómicos generales de los países de la zona, y en especial la moderación de la inflación, llegando esta a situarse en el objetivo marcado por los bancos centrales. La eurozona presentó una tasa del 2% en octubre, mientras que en España la inflación se situó incluso por debajo, en el 1,8% en el mismo mes. El aumento más moderado de los precios de los alimentos, los combustibles y la electricidad son los principales causantes en nuestro país.

Esto, junto a la aplicación de un mix de políticas razonable que ha conjugado la sostenibilidad presupuestaria con el apoyo a la actividad, el empleo y la protección social, ha ayudado a que las perspectivas de crecimiento económico en el caso español se sitúen a la cabeza de las grandes potencias occidentales. La OCDE avala las predicciones de la Comisión Europea para nuestro país del pasado mes y sitúa también el crecimiento del PIB en el 3% para 2024 y en el 2,3% en 2025. Cifras que vendrán respaldadas por una mejora en la demanda interna con el aumento del consumo privado y de la recuperación de la inversión gracias al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En este sentido, el logro de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que conforman el Parlamento resulta clave para implementar las reformas que exige el MRR a la hora de recibir los próximos desembolsos que quedan pendientes.

Esto resulta aún más crucial si se tiene en cuenta la trayectoria de gasto a la que se comprometió el Gobierno español con Bruselas para cumplir con las reglas fiscales europeas. Un gasto que se verá además afectado por el paquete de ayudas para paliar los efectos de la DANA que se estiman en un 1,1% del PIB. Sin el incentivo financiero necesario por parte del MRR, el ajuste fiscal puede dejar de lado las necesidades reales de una economía que aspira a cumplir con las transiciones verde y digital, y que debe asegurar el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad para mantener la cohesión y unas condiciones de vida dignas.

Para cumplir con esta consolidación fiscal sin que el gasto público se contraiga, la OCDE propone elevar los impuestos del Estado, y en concreto los derivados del IVA, mejorar la eficiencia del gasto público y ampliar las tasas medioambientales. Sin embargo, desde UGT advertimos del riesgo que supondría aumentar el gravamen de productos que cuenten con un alto consumo por parte de la clase trabajadora y de las personas más vulnerables. Aunque no se concreta en el texto, la recomendación de la OCDE referida a aumentar la base impositiva del IVA debe ser analizada con precaución, para evitar que suponga un aumento del gravamen de bienes y servicios de primera necesidad o que sean consumidos de manera muy mayoritaria por hogares de bajas rentas, lo que incrementaría la regresividad de esta figura. 

Bienvenida sea una revisión de la estructura de tipos del IVA, pero primando la sujeción de los productos de primera necesidad al tipo superreducido. Igualmente, sería deseable recuperar un IVA incrementado para los bienes suntuarios, una decisión que corresponde al ámbito europeo, así como eliminar la exención de los servicios educativos y sanitarios privados.

Por otro lado, el informe señala la dificultad de los empleadores en España para encontrar candidatos con la formación necesaria, y recomienda alinear los programas educativos con las demandas del mercado de trabajo, así como mejorar las competencias y la adquisición de nuevas habilidades. Sin embargo, es preciso señalar que el enfoque utilizado para tratar el problema de las vacantes suele ser sesgado. España presenta el dato de trabajadores sobrecualificados más alto de Europa, con un 36% según Eurostat, lo que pone de manifiesto que gran parte del problema se encuentra en las empresas, que se muestran incapaces de absorber todo el potencial. A ello se añaden las malas condiciones de trabajo que se ofertan en ciertos sectores que dificultan la incorporación de la persona trabajadora a la empresa. Sin embargo, compartimos con la OCDE la urgente necesidad de mejorar la educación en nuestro país, y esto tiene que pasar por una mayor financiación de la educación pública, frente a las intenciones manifiestas de privatización de la enseñanza que se están poniendo de manifiesto en algunas Comunidades Autónomas, que son las competentes en este ámbito, como está sucediendo en el ámbito de las universidades en la Comunidad de Madrid. 

En este sentido, resulta especialmente grave el hecho de que los recortes en la financiación de la educación se realicen de manera paralela a la adopción de medidas impositivas que suponen la renuncia a la obtención de miles de millones de euros, como en el mencionado caso de la Comunidad sucede con el Impuesto sobre Patrimonio, que mantiene subvencionado y que resta a sus arcas ingresos de más de 1.200 millones de euros provenientes de las personas contribuyentes de mayor riqueza. Entendemos que este tipo de políticas merman injustificadamente la capacidad de mejora de la enseñanza, como propone la OCDE, y que deberían ser objeto de sus críticas. 

Por otro lado, la formación a cargo de la empresa resulta clave para anticipar el cambio y dotar a los trabajadores y trabajadoras de las habilidades necesarias para el futuro, y que van a ser la base del crecimiento económico de las próximas décadas.

Por último, en el informe se hace referencia a la excelente situación general del desempleo en la zona que sigue registrando niveles históricamente bajos. Sin embargo, muchas de las medidas propuestas por el informe siguen utilizando un enfoque parcial e ineficiente de la productividad y el crecimiento económico, puesto que desatiende la incidencia de los factores relacionados con la equidad social y la protección de los derechos de la clase trabajadora, que hoy en día se sabe que desempeñan un papel esencial para el buen desempeño laboral y económico de un país. 

Tanto es así, que, a pesar de la buena situación del empleo, el informe reitera recetas inadecuadas, como una mayor incorporación de las personas con edad avanzada en el mercado de trabajo, cuando en nuestro país se acaba de implementar una reforma del sistema de pensiones que aborda medidas para mejorar su sostenibilidad, que ya avanza en un aumento de la edad efectiva de jubilación sin necesidad de elevar la edad legal, y que está pendiente de desarrollar sus efectos plenos. 

En el ámbito del mercado laboral, además, la OCDE reitera la recomendación de que los costes del despido no sean excesivos. En este sentido hay que decir que en España son insuficientes, como ha avalado el Comité Europeo de Derechos Sociales dando la razón a la denuncia interpuesta por UGT, puesto que la indemnización por despido improcedente en España ni es disuasoria ni protege adecuadamente al trabajador. Por tanto, solo cabe esperar que el Gobierno de España adopte cuanto antes las medidas necesarias para reparar esta situación. 

En conclusión, consideramos que, aunque este informe de la OCDE presente unas perspectivas optimistas sobre la economía española en términos de crecimiento económico, creación de empleo y mejora de la inflación, que responden de manera realista a la buena situación que atravesamos, las propuestas en materia fiscal y laboral deben tomarse con cautela, puesto que podrían traer repercusiones negativas para los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Especialmente preocupan medidas como el aumento del IVA, que podría perjudicar el poder adquisitivo de las personas más desfavorecidas, y otras propuestas de flexibilización laboral, que podrían suponer la reducción de la protección frente al despido.