La condena del Tribunal Supremo a España por no cumplir con su cuota de refugiados es un tirón de orejas a la política migratoria al anterior Gobierno del PP

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado español por no cumplir las decisiones del Consejo sobre reubicación de solicitantes de protección internacional desde Grecia e Italia. El Tribunal señala que las Decisiones del Consejo tienen eficacia directa, que España tenía que haber reubicado a 19.449 personas, pero en marzo de este año solo lo había hecho con 2.449.

No obstante, el propio Tribunal recuerda que en septiembre de 2017 no terminaba la obligación de reubicación de las personas que cumpliesen los requisitos establecidos en las Decisiones del Consejo.

UGT criticó precisamente, en su momento, el Consejo Europeo celebrado el 22 y 23 de junio de 2017 por sus conclusiones en materia de migraciones. No solo no mencionaba los programas de reubicación y reasentamiento, sino que se centraba en el control de fronteras exteriores, la aplicación estricta de la Declaración Unión Europea-Turquía (de dudosa legalidad) y la mejora de las políticas de retorno y readmisión. Es decir, los Gobiernos de los Estados miembros, incluido el nuestro, fueron los que se eximieron a sí mismos de sus obligaciones de reubicación y reasentamiento, por la vía de los hechos consumados: no cumplirlos, no poner los medios necesarios y no abordar como una prioridad ambos programas.

Por tanto, el sindicato entiende que, aunque la sentencia del TS es una buena noticia, a nivel nacional, considera que hubiera sido aún mejor para la Unión Europea, que la Comisión hubiese iniciado procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión, contra todos los Estado Miembros que no cumplieron con sus obligaciones.