​Es posible crear más y mejor empleo pero solo si se afronta un cambio en el actual modelo productivo y se potencian actividades que permitan un desarrollo económico duradero. Por ello, UGT, en su propuesta hacia un “Un nuevo modelo económico y social en España. Mejor economía, más y mejor empleo y más calidad de vida”, aboga por cimentar un nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible.

El sindicato resalta los sectores y actividades de este nuevo modelo productivo, que pasan por impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación (España todavía está lejos de la media de la UE-27), diseñar un plan de industrialización del país, con inversiones selectivas que deberían alimentarse en parte de fondos comunitarios y acometer una reforma energética que busque que nuestro país sea menos dependiente (importamos más del 80% de materias primas cuando la media europea está en un 56%).

Una reforma energética, en el horizonte de alcanzar un mix energético para el año 2020, equilibrado y diversificado entre las diferentes fuentes de energía, que potencie las fuentes autóctonas (carbón , mini hidráulicas, biomasa y el resto de energías renovables), busque reforzar las políticas de ahorro y eficiencia energética, revise los sistemas de fijación de precios de los distintos tipos de energía y avance hacia el respeto medioambiental (hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020, al menos entre un 25 y 40% respecto de los niveles de 1990). Garantizar el interés general en recursos como el agua, establecer inversiones medioambientales, y desarrollar la Estrategia Europea de Biodiversidad son otras de las actuaciones que defiende el sindicato en esta reforma energética, que supone una oportunidad irrenunciable para crear empleo (empleos verdes).

Pero para desarrollar este cambio de modelo productivo son necesarias políticas de apoyo. En este sentido, UGT demanda:

• Desarrollar un marco mejorado de formación para el empleo
  

La formación es una herramienta fundamental para el mantenimiento del puesto de trabajo o para conseguir uno nuevo. Los nuevos trabajos requerirán mayor cualificación y nuevas competencias profesionales. UGT propone entre otras cuestiones: una política única de Formación Profesional, que pasa por la creación de un organismo administrativo que asuma todas las competencias en la ordenación de esta materia; potenciar la reincorporación de personas adultas al Sistema de Formación Profesional; desarrollar una modalidad de Formación Profesional dual, en la empresa y en el centro educativo; desarrollar un nuevo modelo de formación para el empleo; crear una red de centros de nuevas oportunidades especializados en la atención a personas adultas y generalizar el reconocimiento, evaluación y acreditación de la experiencia laboral y de la formación adquirida a través de vías no formales.

• Recuperar un sistema financiero fiable y eficiente
  

UGT propone entre otras medidas: incrementar la protección y seguridad del ciudadano frente a las instituciones y entidades financieras, condicionar todo tipo de ayudas al sistema bancario al incremento del flujo del crédito para actividades productivas y de inversión de empresas y familias; crear una banca pública potente y eficaz a partir del Instituto de Crédito Oficial y las entidades nacionalizadas; reformular el papel de las agencias de calificación; y desarrollar un sistema de regulación y supervisión público y coordinado a nivel internacional.

• Fortalecer las infraestructuras públicas de forma selectiva
  

Hay que reforzar la inversión pública en infraestructuras como instrumento para reducir desigualdades territoriales, y para generar una actividad económica más estable. UGT propone un debate social para la planificación estratégica de las actuaciones públicas en materia de infraestructuras. Asimismo, considera que es precisa una atención específica por parte del Estado a las empresas que realizan un esfuerzo inversor en las infraestructuras de telecomunicaciones, aportando I+D+i en formación y cualificación de su plantilla.

En materia de vivienda reclama una regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación y una estrategia pública de rehabilitación.

• Reforzar el papel de las actividades dirigidas a la atención personal de los ciudadanos (sanidad, servicios sociales)
  

Los servicios públicos esenciales y los que se dirigen a la cobertura de necesidades ciudadanas suponen uno de los más grandes nichos de empleo actuales y son uno de los principales déficit de nuestro país respecto a los países más avanzados de nuestro entorno. UGT propone medidas concretas en el ámbito de la sanidad, de los servicios sociales y de la dependencia, para garantizar el derecho de los ciudadanos a estos servicios y prestaciones.

• Transformar el sector servicios
  

Es necesario modernizarlo para lograr un crecimiento sostenible. Así, UGT considera que es necesaria una reestructuración integral del sector turístico, apostando por un turismo de calidad, de alto valor añadido y desestacionalizado y que apueste por la formación de sus trabajadores y la mejora de las condiciones laborales. En el ámbito del comercio propone extremar las cautelas ante los efectos y repercusiones de la mayor liberalización de horarios sobre los derechos de los trabajadores. También propone impulsar el sector cultural buscando su rentabilidad social y económica, un sector con una gran potencialidad para generar empleo. UGT propone la creación del Estatuto Social del artista y de los trabajadores y trabajadoras de la cultura.

• Impulsar un desarrollo rural sostenible
  

Fomentar nuevos yacimiento de empleo en el mundo rural, como el turismo o la ecoagricultura, potenciar las actividades agrarias y ganaderas, la forestación y la diversificación del sector, mejora las condiciones de trabajo en el mundo rural y apoyar una renta más justa para los agricultores son algunas de las propuestas de UGT en este terreno.

Este nuevo modelo productivo exige además poner en marcha políticas para democratizar el sistema económico: reforzando la protección de los consumidores, desarrollando la responsabilidad social de las empresas (empezando por el trato a los trabajadores y trabajadoras) y potenciando los derechos de participación de los mismos en la empresa.