La secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, interviene como ponente del Dictamen sobre Desarrollo de competencias y capacidades en la transición ecológica y digital, para su debate y aprobación en la Sección Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía del Comité Económico y Social Europeo (CESE)

Una ponencia en la que ha reclamado a la Comisión Europea y a los Estados que “establezcan sistemas que favorezcan las transiciones internas donde las empresas formen en competencias necesarias a sus trabajadores y trabajadoras, evitando despedir. La educación y capacitación en competencias para la doble transición tiene que eliminar el riesgo de pérdida de puestos de trabajo”.

Para Barrera, la educación es una herramienta para acabar con las desigualdades, que han crecido con la transición digital y tras la pandemia con la implantación del teletrabajo, pues el teletrabajo no es posible en los empleos de baja cualificación y baja remuneración. “Decimos que la educación es un derecho humano a lo largo de toda a vida de cada persona, por lo que hay que establecer derechos al aprendizaje permanente que brinden a todos los ciudadanos oportunidades de aprendizaje, desarrollo personal y profesional, convirtiendo esto, la igualdad de oportunidades, en el principal principio rector de las políticas de educación y la formación. Solo así será efectivo el derecho humano a la educación”.

Además, ha considerado que, ante el desafío de la transición ecológica y digital, la escasez de mano de obra y habilidades es cada vez mayor en una amplia gama de sectores. El acceso efectivo a la formación es clave para ayudar a empresas y personas trabajadores a responder al desafío de la doble transición. 

Por todo esto, el acceso a una cualificación completa ante estos retos tiene que ser un verdadero derecho para todas las personas, formación validada, y certificada en habilidades digitales, ecológicas y sostenibilidad. Para ello, es necesario vincular la formación en competencias con un permiso de formación retribuido.

Más participación social

Durante su intervención, Mari Carmen Barrera ha afirmado que el Diálogo Social con los interlocutores sociales “tiene que ser la herramienta para adaptar el mercado de trabajo a la doble transición”. De esta forma, son insuficientes las iniciativas de la Comisión Europea en materia de competencias digitales y verdes, y cuentan con escasa participación de los interlocutores sociales. Por ello, ha reclamado la participación de los interlocutores sociales en el Plan de Acción de Educación Digital 2021-27, e impulsar la negociación colectiva como herramienta para dar forma y adaptar los programas de formación.

Para potenciar la participación de los interlocutores sociales, ha demandado a la Comisión un indicador anual del número de personas adultas y empleadas, con mención especial a las personas jóvenes, que participan en capacitaciones en competencias verdes, antes de 2030, indicador que debe ser sencillo para que pueda adaptarse a las PYME. 

Además, ha recordado que las brechas digitales afectan, sobre todo, a los grupos más desfavorecidos y especialmente a las personas mayores, por lo que es necesaria una mayor sensibilidad a la formación de estas personas. Especial atención merece la inclusión de mujeres en dicha formación, dada la brecha de género en términos de acceso a la formación para adaptarse a las transiciones digital y verde.

Para luchar contra estas brechas, Barrera ha manifestado la necesidad de impulsar la vigilancia estratégica es esencial, con participación de los interlocutores sociales y los servicios de empleo. “Tenemos que poder anticipar las futuras necesidades de formación para el mercado de trabajo”.
Por todo ello, ha reclamado que todas las personas, a lo largo de toda su vida, puedan tener acceso a mejorar sus habilidades digitales básicas relacionadas con las tareas diarias, así como a comprender la ciberseguridad, la comunicación digital, la seguridad de los datos, la protección personal de los datos y la privacidad en internet, así como los peligros de la desinformación. Todo, en definitiva, para garantizar que nadie se quede atrás ante el desafío de la doble transición ecológica y digital.