​La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT exige al Gobierno que cese de inmediato en sus intenciones privatizadoras, disfrazadas de reformas de las Administraciones Públicas, bajo el argumento de conseguir ahorro en las cuentas públicas ya que ahora un informe del Tribunal de Cuentas desmonta de manera minuciosa esta tesis. El informe del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2011 avala lo defendido por UGT, que siempre ha denunciado el componente ideológico como principal motivo de las múltiples reformas y medidas acometidas por el Gobierno del Partido Popular, bajo el argumento del ahorro y una mayor eficacia, ya que en realidad, como ahora se demuestra con cifras, responden a criterios ideológicos.

Según el Tribunal de  Cuentas que analiza la prestación de Servicios en ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes –el 95% de todos los de España- la prestación de un servicio público sale más caro cuando lo efectúa una empresa privada que cuando lo ofrece directamente el ayuntamiento.

En este sentido, el informe presenta datos como los costes de recogida de basura, servicio que si lo presta la administración pública tiene un precio de 42,55 euros, mientras que si se presta a través de empresas concesionarias sube hasta 53,90 euros.

Datos similares se muestran en la limpieza viaria, un 71% más caro si se presta a través de una concesión que si lo hace el propio ayuntamiento, concretamente, el coste es de 16 euros si lo presta el municipio y 27 euros cuando se encarga una empresa privada. Además, queda claro en el informe que esta diferencia en precio no tiene relación directa con la calidad del servicio.

FSP-UGT se pregunta por qué Ana Botella, alcaldesa de Madrid, no siguió el ejemplo del Ayuntamiento de León para ahorrar, también gobernado por el PP, y recuperó la titularidad pública del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, en vez de rebajar la cuantía de la concesión, lo que provocó una huelga de los trabajadores, ante la pretensión de las empresas concesionarias de despedir a 2000 personas y bajar el sueldo un 40%.

UGT exige al Gobierno que deje de utilizar los mismos argumentos de ahorro económico, de los que queda demostrada su falsedad, para acometer la Reforma de la Administración Local, cuando es evidente que ésta obedece a un componente meramente ideológico que apuesta por la recentralización, poniendo en peligro la cohesión social y territorial, al eliminar los servicios sociales, invadir competencias de las Comunidades Autónomas y reducir las competencias y la financiación de los ayuntamientos.

El sindicato teme que esta reforma haga desaparecer gran parte de los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía y anticipa que la entrada de la iniciativa privada, como prevé el proyecto de ley, supondrá copagos y tasas en servicios esenciales como el suministro de agua, la recogida de basuras, el alcantarillado o la limpieza viaria.​