El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha presentado este miércoles su informe sobre el impacto de la crisis del coste de vida en los derechos sociales en Europa, el cual responde a la creciente preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de la población y el aumento de las desigualdades económicas y sociales en los Estados miembros del Consejo de Europa.

El CEDS, encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea, ha analizado cómo la inflación, el encarecimiento de bienes esenciales y el acceso limitado a prestaciones sociales afectan gravemente a los sectores más vulnerables. Sus conclusiones evidencian que muchos Estados han fallado en garantizar niveles de vida adecuados, incumpliendo así sus compromisos internacionales en materia de derechos sociales.

El informe subraya la necesidad de que los gobiernos adopten medidas estructurales y urgentes para evitar el deterioro del bienestar de la población. Entre sus principales recomendaciones se encuentran: la actualización de prestaciones sociales, los salarios dignos, el acceso a una vivienda asequible, la protección frente a la pobreza energética, así como el diálogo social y la participación ciudadana.

Dado que la Carta Social Europea es un tratado vinculante para los Estados que la han ratificado, sus disposiciones deben ser respetadas y aplicadas a nivel nacional. Sin embargo, el informe señala que muchas políticas nacionales no están alineadas con estos principios, lo que exige una respuesta urgente y coordinada a nivel europeo.

Un escudo social europeo como solución

Desde UGT insistimos en que esta crisis debe abordarse con una respuesta estructural a nivel europeo. El sindicato está promoviendo en el Comité Económico y Social Europeo (CESE) un dictamen que plantea medidas concretas para combatir la pérdida de poder adquisitivo y reducir las desigualdades. 

En este marco preparatorio del dictamen hemos puesto sobre la mesa la necesidad de: incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en toda la UE, fortalecer los sistemas de protección social para garantizar ingresos suficientes a todas las personas, aplicar políticas fiscales progresivas que alivien la carga económica de los hogares más vulnerables, y regular el acceso a la vivienda y reconocerla como un derecho fundamental dentro del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Además, subrayamos que las medidas a corto plazo no son suficientes, sino que es imprescindible que las políticas públicas adopten un enfoque a medio y largo plazo que garantice la justicia social y la estabilidad económica. Por todo ello, continuaremos nuestra labor de presión para lograr que estas propuestas sean escuchadas y aplicadas, asegurando que ninguna persona en Europa quede desprotegida ante la crisis del coste de vida.