​La Unión General de Trabajadores pide a la mayoría progresista del Congreso que impida que prosperen las enmiendas que el PP introdujo en el Senado a la Ley de contratos del Estado, y que se votan este jueves en la Cámara Baja. Éstas facilitan aún más el acceso a la contratación pública de las empresas que menos respeto muestran hacia los derechos de los trabajadores, y que incluso pueden pujar por debajo de lo estipulado en convenio colectivo, lo que supone un nuevo impulso a la desregulación de las relaciones laborales y mayor precariedad en el empleo.

Estas empresas podrían acceder a los pliegos de condiciones de la Administración Pública y, por tanto, de servicios públicos esenciales que han sido privatizados progresivamente estos años, y podría tener consecuencias como las que hemos visto este verano, por ejemplo, en el conflicto del Prat.

El proyecto de ley de contratos del sector público se presentó a principios de año por decisión del Gobierno. Es una norma complicada, pero con un alto valor, ya que da cuenta de una parte muy importante del porcentaje del Presupuesto con que cuentan las Administraciones Públicas es gestionada a través de contratos públicos. Además, en los últimos años, se ha incrementado la utilización de fórmulas de gestión privada, hasta alcanzar, aproximadamente, el 18% del Producto Interior Bruto (PIB). Ello tiene gran trascendencia en el empleo, público y privado, así como en la calidad de los Servicios Públicos.

UGT planteó nuestras observaciones que pasaban por resaltar lo que recogen las Directivas Europeas relacionadas con esta materia, tanto la 2014/23 como la 2014/24, de modo que los poderes adjudicadores no tengan la facultad de utilizar solamente el precio o el coste económico como único criterio de concesión y, por otro lado, que se valoren en la relación calidad/precio, tantos aspectos cualitativos como se considere en función de situación social y medioambiental.

El Partido Popular diseñó un Proyecto de Ley que traspone, exclusivamente, los aspectos que le interesaba, y especialmente refuerza el poder de los empresarios en la negociación colectiva. En el Senado, vulnerando el espíritu de consenso que se ha tratado de establecer entre los grupos parlamentarios, ha vuelto a facilitar que las empresas con menos respeto hacia los derechos de los trabajadores, accedan a los pliegos de condiciones de la Administración Pública, ya que insiste en que el convenio de aplicación es el de la empresa, obviando las garantías negociadas en el convenio sectorial. Pliegos de condiciones que se dirigen a cualquier ámbito, también en servicios públicos esenciales que han sido objeto de privatización progresiva en los últimos años.

Por ello UGT insiste en que es necesario que se unan las fuerzas políticas progresistas del Congreso para rechazar estas enmiendas, que prioricen la aplicación de condiciones pactadas en convenio colectivo sectoriales y que difundan en la Unión Europea la actitud de nuestro Gobierno. Solamente así trasladaremos a nuestra legislación las normas de las Directivas Europeas, con las debidas cautelas de igualdad y congruencia democrática.
Para la Unión General de Trabajadores resulta incongruente que la Administración pública promueva mayor precariedad en el empleo a través de la contratación.