UGT y CCOO valoran positivamente la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley por el que se establecen medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales. Se trata de una norma fruto del diálogo social, que da respuesta a las propuestas trasladadas por ambas organizaciones sindicales y que sitúa la protección de las personas trabajadoras en el centro de la respuesta pública ante la emergencia de interés nacional declarada como consecuencia de los incendios.

En virtud de este texto, las personas trabajadoras, ya sean asalariadas o autónomas, que han sufrido graves pérdidas por los incendios forestales —la pérdida o el deterioro de su vivienda, evacuaciones, restricciones de acceso o confinamientos— van a disponer de un nuevo derecho que les permitirá suspender su contrato de trabajo, hasta un máximo de cuatro meses, percibiendo durante ese tiempo una prestación pública de cuantía similar a la prestación contributiva por desempleo. Esta prestación extraordinaria por emergencia extrema no exigirá periodo mínimo de cotización y, muy importante, no consumirá desempleo: el tiempo de percepción no supondrá, a ningún efecto, el consumo de las cotizaciones previamente efectuadas. De este modo, las personas afectadas podrán dedicarse a paliar los efectos de los incendios en sus vidas —recuperar sus enseres, acondicionar sus viviendas, realizar los trámites imprescindibles o atender el cuidado de sus familiares— sin perder su empleo ni su protección social.

Superada la situación de emergencia, las personas trabajadoras se reintegrarán a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones, sin que puedan sufrir represalia alguna por el ejercicio de este derecho: la norma califica expresamente como nula cualquier medida desfavorable derivada de su ejercicio y garantiza su tutela judicial por el procedimiento preferente propio de los derechos de conciliación.

Las personas trabajadoras autónomas afectadas podrán acceder a la prestación por cese de actividad sin necesidad de acreditar la fuerza mayor, dándose por cumplido el periodo mínimo de cotización, y sin que su percepción consuma los periodos máximos de la prestación ordinaria.

Las empresas, además, disfrutarán de una exención del cien por cien de la cotización empresarial correspondiente a las personas trabajadoras con el contrato suspendido, lo que facilita la aplicación de la medida sin trasladar costes a un tejido productivo también golpeado por la catástrofe.

Esta medida extiende los derechos de las personas trabajadoras que sufren los efectos del cambio climático, incorporando la dimensión laboral a la respuesta integral que los poderes públicos deben ofrecer ante las catástrofes climáticas, en la línea que CCOO y UGT vienen reclamando.

Ambos sindicatos señalan que, con los datos de empleo conocidos hoy —una ocupación en máximos históricos, con 22,78 millones de personas ocupadas, y una tasa de paro del 9,87%, la más baja desde 2008—, es hora de adaptar el mercado de trabajo a las consecuencias del cambio climático. Un mercado laboral fuerte debe ser también un mercado laboral protegido frente a unos fenómenos extremos que se repiten y agravan cada año.

Por ello, UGT y CCOO observan con gran preocupación la disminución de las dotaciones de bomberos y bomberas forestales que dependen de las Comunidades Autónomas, al mismo tiempo que se empeoran sus condiciones laborales y se incrementa, verano tras verano, el número y la gravedad de los incendios que asolan nuestro país. No es coherente reforzar los derechos de las personas afectadas por los incendios mientras se debilita a quienes los combaten en primera línea. Ambas organizaciones exigen a las Comunidades Autónomas dotaciones suficientes, estabilidad en el empleo y condiciones laborales dignas para los servicios de prevención y extinción de incendios forestales durante todo el año.

Así mismo, se debería seguir impulsando medidas para hacer frente al cambio climático adaptando las condiciones de trabajo y del tejido productivo, frente a esta mayor frecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos como incendios y olas de calor, entre otros. Es por tanto, necesario establecer medidas de protección y financiación acorde al carácter estructural de estas catástrofes. Por ello CCOO y UGT  consideramos que el Pacto de Estado ante la emergencia climática es una iniciativa que se tiene que retomar, y  a la que hicimos nuestras aportaciones junto con el resto de los agentes económicos y sociedad civil. Es necesario avanzar en un compromiso común contra los efectos del cambio climático por lo que hacemos un llamamiento a todos los grupos parlamentarios y Comunidades Autónomas, a afrontar estos retos una vez superada la situación de emergencia actual.

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