El descenso de los precios aún es muy insuficiente (la inflación subyacente, de carácter más estructural todavía registra una variación anual del 7,5%) y continúa mermando el poder adquisitivo de las familias. Así, en tan solo dos años, los salarios se han reducido en 7,2 puntos porcentuales, en términos reales.  UGT continuará exigiendo que las rentas salariales se ajusten al coste actual de la vida, no solo para evitar el empobrecimiento de las personas trabajadoras, sino también para mantener y fortalecer la actividad económica y la creación de empleo. Al mismo tiempo, hace un nuevo llamamiento a la patronal para que no dilate el proceso negociador y se logre un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva justo para todos, lo que exige mejorar sustancialmente los salarios. De lo contrario, abocará a las empresas a una conflictividad laboral creciente.

Los datos de IPC del mes de marzo, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en un 3,3%, 2,7 puntos menos que en febrero, como consecuencia del descuento que se produce en la actualidad del intenso encarecimiento de la energía causado por la invasión rusa de Ucrania hace un año. Así, los productos energéticos registran un abaratamiento anual de sus precios del 25,5%, destacando especialmente la bajada en la electricidad (-51,8%). En consecuencia, el llamado efecto base provocará una relajación de las tasas interanuales durante los próximos meses. 

Por su parte, la tasa subyacente, que recoge la inflación de componente más estructural y no tiene en cuenta los productos energéticos y los alimentos sin elaborar, sigue alcanzando niveles elevados, pues apenas disminuye una décima respecto al mes anterior, registrando una variación anual del 7,5%. Esto refleja el mantenimiento de las presiones inflacionistas en buena parte de la cesta de la compra. En este sentido, cabe señalar el encarecimiento anual de algunos productos básicos como el azúcar (50,4%), el aceite de oliva (32,1%), la leche (30,4%) o las legumbres y hortalizas frescas (27,8%).

Además, el panorama económico internacional sigue siendo extremadamente incierto y volátil, pues a la persistencia de la guerra en Ucrania se le suman las tensiones financieras registradas en las últimas semanas. La respuesta del BCE, que elevó recientemente los tipos de interés en 50 puntos básicos –alcanzando el valor más alto desde octubre de 2008, el 3,5%-, lejos de inyectar señales de confianza en el sistema financiero europeo, agrava la incertidumbre y la probabilidad de una recesión económica en Europa.

Para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, este contexto muestra la necesidad de recuperar y proteger la capacidad de compra de los hogares españoles, que sigue devaluándose en este 2023. Durante el primer trimestre del año apenas se registra una subida salarial en convenio del 3,1%, lo que se sitúa 2 puntos por debajo de la inflación media anual (5,1%), y que se añade a la pérdida constatada en 2022, de 5,2 puntos porcentuales. En conjunto, los salarios están reduciéndose en términos reales 7,2 puntos porcentuales en tan solo dos años.  

Por ello, es imprescindible ajustar las rentas salariales al coste actual de la vida para sostener y fortalecer la actividad económica y la creación de empleo en nuestro país, además de frenar el proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora.

El sindicato no entiende la irresponsable postura de las organizaciones empresariales, que no han aportado ninguna propuesta en la mesa de diálogo para explorar las posibilidades de formar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). A causa del bloqueo mantenido por la patronal, las empresas siguen aprovechándose del escenario inflacionista actual para elevar su rentabilidad y sus márgenes en detrimento del interés general de todos y todas. 

UGT reclama la necesidad de alcanzar cuanto antes un nuevo AENC en 2023, que ofrezca estabilidad y certidumbre en los próximos años y permita revertir el proceso de devaluación salarial que están sufriendo el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. La intransigente actitud de la patronal impide alcanzar un acuerdo justo que reparta los costes de la crisis inflacionista y aboca a las empresas a una conflictividad laboral creciente.