Es necesario impulsar la reforma del Ingreso Mínimo Vital, reforzar la protección social y los servicios públicos; derogar la reforma laboral y favorecer la inserción, en base e empleos de calidad y con salarios dignos, y acelerar la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza.

La crisis sanitaria, económica y social causada por la COVID-19 ha provocado un aumento de la pobreza.  En nuestro país, por ejemplo, la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, ha alcanzado un 26,4%, frente al 25,3% registrado el año anterior. Además, el 7% de nuestra población, alrededor de 3,3 millones de personas, se encuentran en situación de carencia material severa, una cifra poco honrosa para la cuarta economía de la Unión Europea y de un país que se supone desarrollado y democrático.

A los datos mencionados, se suman el de personas que no pueden permitirse llevar una alimentación adecuada, que han aumentado desde el 3,8% en 2019 al 5,4% en 2020, y el de hogares que no pueden permitirse mantener su vivienda a una temperatura apropiada, que han pasado del 7,6% al 10,9%. Ni siquiera importantes avances en derechos sociales, como la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuyo objetivo fundamental es la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, han evitado que España se aleje de uno de los compromisos más importantes de la Agenda 2030.

Estos datos revelan que sin coherencia política no hay éxito posible. Aspectos como la reversión de la Reforma Laboral de 2012, un Salario Mínimo suficiente, una apuesta decidida que obligue a las empresas de plataformas a regularizar a sus trabajadores y trabajadoras y así garantizarles salarios dignos o fomentar políticas fiscales justas que garanticen ingresos al Estado son necesarias para revertir esta situación. Además, desde UGT se considera imprescindible llevar a cabo una urgente reforma del IMV (que a día de hoy sólo ha llegado a 800.000 de los 2,5 millones de personas que estimaba el Gobierno), así como un compromiso mayor con la cooperación Internacional al desarrollo o la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza. Aspectos, todos ellos, que de no realizarse no harán más que seguir aumentando los niveles de pobreza.  Transformaciones necesarias e inaplazables que requieren de una apuesta decidida del Gobierno, y que deben profundizar en la transformación de un modelo económico que debe frenar la desigualdad, concentración económica y aumento de la pobreza que se ha extendido en todo el mundo en los últimos años.

Se deben cumplir los compromisos de la Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible obliga a todos los Estados a erradicar la pobreza, pero como tantos de los objetivos de la agenda, la mayoría de los países parecen poco comprometidos en acabar con esta lacra. Así, una política de cooperación al desarrollo insuficiente; una política de vivienda que garantiza los intereses de quienes especulan con ella; un mercado de energía en manos de unos cuantos oligopolios antisociales; o una legislación laboral que facilita el despido y limita la acción de las organizaciones sindicales en la negociación colectiva, son una perfecta combinación de elementos que fomentan la pobreza.

Por el contrario, un trabajo digno, bien remunerado y con derechos, es el mejor remedio contra la inmoralidad que representa la pobreza. Y sólo el fomento de este tipo de trabajo unido a políticas de protección social justas y suficientes pueden garantizar pasos firmes a la hora de erradicar la pobreza en nuestro país y en el mundo. Y hay pocas maneras mejores de hacerlo que con políticas laborales que fomenten el diálogo social y la negociación colectiva de manera salubre, autónoma y equilibrada.