Tribuna de Opinión de Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT, en la Revista El Siglo

Lo puede comprobar cualquiera que esté mínimamente en contacto con el día a día de lo que pasa en la calle: una parte enorme, y difícilmente cuantificable del mercado laboral español, está en situación de ilegalidad, no se cumplen las leyes, el corpus normativo del Derecho del Trabajo.

¿Será que es muy estricto? ¿Será que es muy rígido? Pues va a ser que no, más bien todo lo contrario. Cómo se dice coloquialmente, la reforma laboral de 2012, que perpetró el PP con su mayoría absoluta (y el único apoyo de la extinta CiU), dejó ‘en el chasis’ la regulación laboral.

La desregulación fue prácticamente total: se puede despedir fácil, barato, rápido; se puede despedir si el trabajador se pone enfermo más de la cuenta, si el empresario entiende que no es lo suficientemente diligente (despidos disciplinarios en abundancia), se pueden ampliar las jornadas ad infinitum, fácil descuelgue de los convenios; fácil cambio de horarios, de jornadas, de categorías laborales, de destinos.

Si han visto la prensa en los últimos días verán que incluso se puede hacer que los trabajadores asuman directamente algunos de los riesgos del negocio de su empleador, como el caso de los camareros y camareras que pagan con su sueldo o sus propinas cuando un cliente se larga sin pagar la cuenta (eso del ‘simpa’, que parece tan gracioso, tan guay, y que no es más que un robo, y quienes lo hacen pura y simplemente ladrones). Y ahí es donde se rebasa la línea de la legalidad.

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