Cristina Antoñanzas interviene en la jornada ‘Violencia machista en las empresas’ organizadas por UGT Madrid Sureste.

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha manifestado que ‘el acoso sexual y por razón de sexo, pese a ser un problema de gran magnitud, se encuentra aún muy invisibilizado y rara y escasamente sancionado. Las víctimas tienen grandes dificultades para expresar y comunicar el problema y aún más para denunciarlo. Temen exponerse a represalias y acabar perdiendo el empleo’. 

La dificultad de prueba en vía judicial hace que las víctimas no cuenten con la seguridad necesaria para hacer valer sus derechos en los Tribunales y además el Código Penal no recoge el acoso por razón de sexo, algo que debería hacer.

Antoñanzas ha señalado que se deben poner en marcha políticas activas y eficaces que prevengan y combatan cualquier forma le violencia contra las mujeres, y establecer un tratamiento normativo integral contra la violencia de género.

En el ámbito del diálogo social ‘se deben adoptar medidas para prevenir y combatir este tipo de violencias, prestando especial atención al uso de las nuevas tecnologías. Es necesario impulsar en las empresas protocolos de actuación contra el acoso sexual y el acoso sexista, en los que se recojan procedimientos eficaces, transparentes y confidenciales para gestionar las denuncias, así como sanciones duras y disuasorias para los agresores’. Antoñanzas ha reclamado que estos protocolos ‘lleguen a todas las empresas de la mano de la negociación colectiva, y fruto del consenso en el marco del diálogo social’.

Asimismo, ha pedido al Gobierno mecanismos de financiación apropiados para el desarrollo de estas acciones de lucha contra el acoso sexual y el acoso sexista a las mujeres en el trabajo; la ejecución y desarrollo del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el ámbito laboral y la implementación completa del Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras domésticas.

Antoñanzas ha dado datos sobre las escasas ayudas que reciben las víctimas de violencia de género y la escasa inserción laboral y de empleo, muchos de ellos trabajos de carácter precario. El total de contratos bonificados por violencia de género en 2020 fue de solo de 484, lo que supuso un importante descenso respecto de los dos años precedentes, de ellos 345 fueron temporales y solo 139 indefinidos. 

Por otra parte, la vicesecretaria general de UGT ha hecho hincapié en la ciber violencia y el discurso de odio online contra las mujeres, ha puesto en valor el Protocolo General de Actuación firmado por el ministerio de Trabajo y la Agencia Española de Protección de Datos y ha reclamado impulsar, en el marco del diálogo social, la elaboración y la adopción de un protocolo específico de actuación en el supuesto de acoso digital.

Mejorar los derechos laborales

Antoñanzas ha manifestado que, mediante los convenios colectivos, o a través de los planes de igualdad, hay que mejorar los derechos laborales para las víctimas de violencia de género recogidos en el Estatuto de los Trabajadores o el Estatuto Básico del Empleado Público: Derechos como la adaptación, horario flexible o elección de turno sin merma de retribuciones; en caso de reducciones de jornada de un tercio o inferior mantener las retribuciones íntegras; derecho a teletrabajar por el tiempo que determine la trabajadora víctima de violencia; permiso retribuido de dos meses; en caso de movilidad geográfica, garantizar otro puesto de la misma categoría profesional; ayudas económicas como fondos para la ayuda escolar, tratamientos psicológicos, cambio de domicilio, prestamos anticipados, o garantizar el cobro de las retribuciones íntegras en supuestos de incapacidad temporal de la víctima, entre otras.