La violencia de género no es un negocio
Fecha: 29 Nov 2018
UGT presenta el estudio “Esto no es un negocio. La precariedad laboral en los servicios externalizados de atención a la violencia de género”
La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha afirmado que “para UGT la violencia de género no es un negocio. Es urgente apostar por empleos con derechos, salarios de calidad y condiciones de trabajo dignas para las trabajadoras de los servicios de atención a la violencia de género. Un servicio marcado por las políticas de austeridad y recorte y el triunfo de los postulados de la nueva gestión pública (impulsando la privatización y la subcontratación), que ha supuesto empleos precarios, externalización de servicios, condiciones de trabajo indignas y un empeoramiento de la salud laboral de las trabajadoras”.
Cristina Antoñanzas ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa de presentación del estudio “Esto no es un negocio. La precariedad laboral en los servicios externalizados de atención a la violencia de género” elaborado por UGT a través de la investigadora Marta Cabezas, donde, además, han intervenido la Secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT, Luz Martínez Ten, la Secretaria de Igualdad de FeSMC-UGT, Vanesa Barco, y la propia Marta Cabezas, Doctora en Antropología Social y jurista especialista en género.
Una investigación basada en las trabajadoras del 016 y el Centro de Control de Medidas Telemáticas (COMETA), que refleja cómo la mala calidad del empleo en estos servicios está deteriorando la atención a las víctimas de violencia de género.
“971 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003; más de 13.000 violaciones entre 2008 y 2017; y más de 1,5 millones de denuncias por violencia de género desde 2007 exigen que no se escatime recursos en estos servicios”, ha señalado Antoñanzas.
En este sentido, ha demandado “servicios de calidad y estatales, que impliquen empleos y salarios dignos”. Y para ello, ha propuesto, en primer lugar, “que la Administración General del Estado inicie de inmediato el proceso de prestación directa de estos servicios en cuanto concluyan los contratos que ya están suscritos, para mejorar los niveles de empleo y salarios”.
Además, mientras estos contratos estén suscritos, Antoñanzas ha exigido “ejercer desde la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género la función de control de los contratos, designando los recursos y estableciendo las directrices necesarias; crear una Comisión de Control de las Externalizaciones dentro del Observatorio de Violencia de Género, que promueva la evaluación del impacto en la calidad del empleo y de los servicios de los procesos de externalización en marcha, así como la publicación de sus resultados; garantizar que los servicios se presten por personal cualificado en violencia de género, categorizado y remunerado como tal. Se debe recategorizar al personal de manera que no se encubran trabajos cualificados bajo categorías profesionales no cualificadas; y replantear la evaluación del desempleo del personal bajo criterios acordes a los estándares profesionales de intervención en violencia de género y de calidad de los servicios públicos en esta materia, y no de los call centers privados”.
“Esta investigación es solo la punta del iceberg de un problema más amplio”, ha afirmado, “la calidad del empleo y de los servicios públicos de violencia de género. La segunda fase de este proyecto, como reto para 2019, incluirá la precariedad laboral en los servicios sociales de atención a la violencia de género autonómicos, municipales y locales. Es fundamental que estos servicios sean de calidad”.
Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT
La externalización precariza el empleo
La Secretaria de Igualdad de FeSMC-UGT, Vanesa Barco, ha reclamado la necesidad de “sumar fuerzas para buscar soluciones para estas trabajadoras, que son la columna vertebral de la ayuda a las mujeres que sufren la violencia de género en este país”.
“Tanto el 016 como el Centro COMETA se encuentran externalizados, el primero desde 2007 y el segundo desde 2009. El estudio de UGT demuestra que la externalización es un factor de precarización del empleo en estos servicios”, ha manifestado.
Por varios motivos. Primero, “la temporalidad del contrato entre la administración pública y la empresa externa que presta el servicio público impacta negativamente en la estabilidad del empleo de las trabajadoras y dispara la contratación temporal (en abril de 2018, el 51% de las trabajadoras del Centro COMETA eran temporales); segundo, los convenios colectivos que se aplican establecen condiciones de trabajo peores que si el empleador fuera la Administración General del Estado (AGE); y tercero, las empresas recurren abusivamente a categorías profesionales no cualificadas para sostener el servicio, ahorrando en costos laborales a espaldas de las trabajadoras”.
Se fragmenta la negociación colectiva en los servicios públicos
La Secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT, Luz Martínez Ten, ha afirmado que “la violencia de género no se puede gestionar desde el ámbito privado, no se puede rentabilizar, es una responsabilidad del Estado. “
En este sentido, ha manifestado que el Centro COMETA se rige bajo el convenio de Empresas de Seguridad, y el 016 bajo el convenio del Contact Center, “cuando ambos deberían estar bajo el paraguas del Convenio Único de la Administración General del Estado, que rige las relaciones laborales de la Administración Pública titular de estos servicios con sus trabajadoras”.
Las consecuencias de esto es que “se fragmenta la negociación colectiva en los servicios públicos, generando un modelo dual de empleo discriminatorio para las trabajadoras de estos servicios externalizados”, ha considerado.
Ni aumenta la calidad del servicio ni es más eficiente
Por su parte, la investigadora del estudio, Marta Cabezas, ha señalado que la externalización de este servicio “ni aumenta la calidad del mismo ni lo hace más eficiente”.
En este sentido, ha manifestado que “los procesos de gestión de la calidad de estos servicios se rigen por los métodos del call center, cuyos objetivos distan muchos de los servicios de atención a la violencia de género. Las empresas que llevan esta externalización no están especializadas en la violencia de género y sus objetivos empresariales no están alineados con los objetivos de las políticas públicas”.
Algo que está generando mucha desafección entre las trabajadoras del sector, “además de problemas de estrés y ansiedad por tener que llegar a unas cifras como si fueran meras teleoperadoras, produciendo una pérdida de calidad del servicio”.
“Aunque el trabajo se realice a través de tecnologías de la información, como es el teléfono, esto no es sinónimo de que se trate de trabajo no cualificado”, ha denunciado. “Tanto el grado de complejidad como de responsabilidad de los trabajos de atención a las usuarias de estos servicios requiere de personal cualificado. Sin embargo, se está encubriendo trabajo cualificado bajo categorías profesionales no cualificadas, con el consiguiente descenso en las remuneraciones y cotizaciones”.