Las personas vulnerables y en riesgo de exclusión social han visto y verán agravada su situación debido a la crisis sanitaria, económica, social y laboral provocada por el Coronavirus.

 

La Cumbre Social Estatal formada por más de 120 organizaciones, considera oportuna la aprobación del Real Decreto Ley 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social.

 

El IMV alcanzará previsiblemente a 850.000 hogares, lo que supone cerca de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los que viven menores (30%), los monoparentales (16%), y los encabezados por una mujer (casi un 90%).

 

El IMV sin perjuicio de las ayudas que en materia de asistencia social puedan establecer las CC.AA. en el ejercicio de sus competencias, garantizará un nivel mínimo de renta que oscila, según el tipo de hogar, entre los 5.538 euros anuales (el equivalente a una pensión no contributiva fijada anualmente en la LPGE) y los 12.184 euros anuales.

 

Podrán ser beneficiarias de las prestaciones unipersonales las personas mayores de 23 años y menores de 65, así como las que, sin ese límite de edad formen parte de una unidad de convivencia que cumpla los requisitos para acceder a la prestación.

 

Se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España.

 

También podrán ser beneficiarias las mujeres víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual.

 

Será el INSS el que reconozca y controle la prestación económica. Las CCAA y las Entidades Locales podrán iniciar el expediente cuando suscriban convenio con el INSS y el expediente se tramitará y gestionará por el organismo en el que se haya iniciado dicho expediente.

 

La nueva prestación ha entrado en vigor el 1 de junio, y se podrá solicitar a partir del día 15 del mismo mes, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, se concederá con efectos retroactivos a la fecha de entrada en vigor. Además, durante el primer mes de vigencia de la prestación, se actuará de oficio para que se abone a unos 100.000 hogares que cumplen los requisitos, sin que sea necesario que la soliciten.

 

Sin embargo, para la Cumbre Social Estatal, ante la situación de posible incremento de las cifras actuales de más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro y 12 millones de personas en riesgo de pobreza, es necesario que el Gobierno dé cobertura a las personas que han quedado fuera del alcance de esta medida, y que también necesitan que se les garanticen unos ingresos mínimos. Para ello, resulta fundamental que se aumente el gasto social destinado a la creación de una red de protección social sólida o se apruebe la ILP sindical para una Prestación de Ingresos Mínimos, que CCOO y UGT presentaron hace cuatro años en el Congreso con el respaldo de más 700.0000 firmas.