Tribuna de opinión del secretario de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, en "El Mundo" 

El precio de la luz ha alcanzado cuotas estratosféricas este mes de agosto. Según ha publicado el Banco de España, el incremento de las tarifas de los mayoristas de la electricidad, que se han duplicado en el primer semestre de 2021, se debe en una parte al fuerte incremento, en el espacio de la UE, de los derechos de emisión de los gases de efectos invernadero, RCDE, cuyos costes repercuten directamente en los de la energía, a lo que se une la fuerte subida del precio del gas, responsable de la mitad del incremento.

El supervisor bancario destaca que esta alza, que ha tenido una incidencia similar en el resto de Europa, supone un tercio del aumento del 2,9 % del índice de precios de consumo. Hemos sabido, por los datos publicados por la Oficina Estadística de la Unión Europea ( Eurostat), que nuestro país tiene la quinta tarifa más alta de consumo eléctrico doméstico, en términos absolutos, de los 27 países de la Unión. Sólo nos supera Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda, países en los que tanto el SMI, que oscila desde los 1.610 euros alemanes hasta los equivalentes 2.286 euros daneses, como el salario medio, duplican los españoles. 

La prensa especializada ha destacado que en el primer semestre de 2021 las cuatro grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Naturgy y REE han superado los 3.200 millones de euros en beneficios y han repartido entre sus accionistas 6.223,8 millones de euros en dividendos por sus resultados de 2020. Estos datos, el incremento del precio de la luz a los hogares, con su influencia en el IPC, y los fuertes beneficios de las compañías, no han movido, de momento, al Gobierno progresista a intervenir en el mercado eléctrico, ni regulando precios, ni diseñando un sistema que pudiera amortiguar subidas, compensándolas con bajadas, estabilizando tarifas y protegiendo, en el acceso a un bien básico, a las familias más vulnerables.

Tampoco, a pesar de que el aumento del IPC es debido al encarecimiento de productos básicos como alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte y energía, se ha protegido a las personas trabajadoras incrementando el SMI. España es uno de los únicos cuatro países europeos que lo ha congelado en 2021. El indicador Arope de riesgo y exclusión social sitúa a nuestro país, con un 26,4%, en las primeras posiciones del conjunto de países de la UE, con la cuarta mayor tasa, sólo por detrás de Rumanía, Grecia y Letonia. 

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