Los presupuestos orientados a apoyar la reactivación y la recuperación

► Son unos PGE bien orientados que suponen una ruptura con las políticas neoliberales y apuestan por unas políticas expansivas y por reforzar la protección social, pero UGT advierte de que la tarea prioritaria sigue siendo proteger la salud pública, por lo que debemos tratar de evitar una tercera ola de contagios.

► De forma paralela, debemos seguir implementando las medidas necesarias para proteger las rentas y los empleos, evitando un nuevo repunte de la desigualdad y la apertura de nuevas grietas sociales.

► La salida a esta crisis no puede volver a recaer sobre los más vulnerables, por ello, aún debemos emprender cambios de gran calado como la reforma de las pensiones, la nueva ley de vivienda o, en el ámbito laboral, el incremento del SMI y la derogación de la reforma laboral.

La Unión General de Trabajadores valora la orientación expansiva de los PGE 2021, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero y que suponen una ruptura respecto a las políticas de austeridad aplicadas a raíz de la crisis de 2008, que, más allá del recorte y degradación de la calidad de vida de la población se mostraron ineficaces a la hora de crear las bases de un crecimiento económico sostenible. De esta manera, los PGE 2021 vienen a sustituir a los aprobados por el ejecutivo del PP en 2018, y reflejan un incremento notable de algunas partidas presupuestarias esenciales para afrontar la coyuntura actual y algunos retos que debemos enfrentar a medio y largo plazo.

Entre las principales partidas de GASTO caben destacar las siguientes modificaciones:

El presupuesto en política sanitaria se verá incrementado en un 75,4%, lo cual resulta lógico e imprescindible no solo para afrontar los últimos meses de pandemia, sino para transitar a un modelo de sanidad pública de calidad, revirtiendo los recortes sufridos en el pasado.

El gasto en atención a la dependencia se incrementará en un 46%, por lo que, aparte de reforzar el servicio, debe servir para ampliar la cobertura hasta alcanzar 1,1 millones de beneficiarios. Desde UGT queremos insistir que queda pendiente aún reforzar las condiciones laborales de las trabajadoras que operan en el sector de atención domiciliaria, pues supone una de las actividades más precarizadas.

La política de vivienda experimentará un aumento del 25%, lo cual supone una variación notable, a la par que imprescindible, con el objetivo de revertir el recorte presupuestario en algunas partidas, como por ejemplo el gasto en protección social en vivienda, que entre 2007 y 2017 se redujo en un 39%. A esta buena noticia, se suma también la prohibición, mediante un nuevo real decreto-ley, de la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional, una demanda presentada por el sindicato en la lista de enmiendas de los PGE 2021, aunque desde UGT criticamos la compensación a grandes tenedores de vivienda, muchos de ellos bancos y fondos buitres.

Por su parte, nos encontramos en la recta final de la elaboración del anteproyecto de la nueva ley de vivienda, que debe incorporar una propuesta de regulación de los precios del alquiler, una actuación que ya había sido demandada por el sindicato en la ‘Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda’; además de dibujar las líneas estratégicas a seguir para consolidar un extenso parque de viviendas públicas destinadas al alquiler.

Los PGE 2021 recogen finalmente una revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, en línea con lo acordado en el seno del Pacto de Toledo, por lo que se incrementarán un 0,9% el próximo año (estimación de aumento tanto del deflactor del PIB como del deflactor del consumo privado, indicadores de inflación distintos del IPC), mientras que las pensiones no contributivas lo harán en un 1,8%.

Respecto a la política de fomento del empleo y protección al desempleo contará con 4.191 millones de euros más respecto al presupuesto anterior. Sin embargo, queda pendiente aún por afrontar la derogación de la reforma laboral de 2012, impidiendo la construcción de un marco laboral más eficiente, justo y coherente con los retos que debemos afrontar. De igual manera, es necesario situar en 1.000 euros (mensuales/14 pagas) el SMI en 2021, continuando la senda hasta el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio al final de legislatura, como se comprometió el actual gobierno.

En materia de igualdad, el sindicato echa en falta presupuesto para que los reglamentos aprobados por el Gobierno puedan abordar la negociación de los planes de igualdad en las empresas.

En lo relativo a las partidas de gasto social, el volumen de recursos aumentará en un 70%, lo que debería garantizar una contratación de plantilla suficiente para hacer frente al buen funcionamiento de algunas prestaciones puestas en marcha. Una de ellas se corresponde con el Ingreso Mínimo Vital, donde a pesar de los cambios introducidos, siguen persistiendo los problemas de cobertura.

Destaca también el aumento del IPREM en un 5%, un indicador clave para acceder al Ingreso Mínimo Vital y otro tipo de ayudas y prestaciones sociales. El nuevo incremento rompe el estancamiento experimentado desde hace años, aunque la subida resulta insuficiente y es imprescindible elaborar un método permanente de actualización del índice que proteja el valor real del indicador a lo largo del tiempo.

Respecto a la lucha contra la pobreza infantil, que afecta a 3 de cada 10 menores de edad en nuestro país, los PGE 2021 contemplan un incremento de los recursos en un 59%.

Valoramos favorablemente la inversión en aquellas partidas de gastos destinadas a favorecer el sistema público de cuidados y favorecer la conciliación, que incluyen un gasto de 300 millones para igualar los permisos de maternidad y paternidad.

Por lo que se refiere a las políticas destinadas a cambiar el modelo productivo para hacerlo más eficiente y sostenible destacan las siguientes cifras:

En la política de I+D+I y digitalización se aprueba un total de 12.344 millones de euros para promover ganancias de competitividad y respecto a cultura, el gasto se incrementa en un 25%.

El gasto en infraestructuras se duplica, lo cual supone un gasto de 11.500 millones y en materia de política industrial sube la dotación de recursos en 5.690 millones. No obstante, desde UGT reclamamos la implementación de un Plan Estratégico por la Industria, para que este sector, que es el que aporta una mayor resistencia productiva y posee un enorme efecto arrastre sobre el resto, llegue a suponer el 20% del PIB, en lugar del 14% actual.

Se anuncia también una partida de 1.300 millones para pymes, comercio y turismo, un aspecto que sigue siendo crucial para impulsar uno de los sectores más afectados por la pandemia,  y la inversión para impulsar la transición hacia una economía más verde y sostenible reporta un gasto de 5.300 millones de euros.

Por el lado de los INGRESOS cabe destacar que:

El Gobierno ha optado por posponer la reforma impositiva de calado que precisa nuestra economía hasta superar la crisis sanitaria, adoptando ahora una serie de modificaciones puntuales que pretenden elevar la progresividad del sistema, haciéndolo más justo. En este sentido, la línea de los cambios propuestos es, en términos generales, acertada, y quizá cabe reprocharle precisamente la moderada ambición de las mismas.

En este sentido, desde UGT consideramos que la situación admite cambios de mayor enjundia. Hay que recordar que España parte de una situación en la que mantiene un déficit estructural de ingresos fiscales que se cifra en 6,3 puntos porcentuales de PIB respecto de la media de la eurozona, que supone unos 78.500 millones menos de ingresos cada año.

En todo caso, bienvenidas sean estas modificaciones, entre las que las destacan el aumento de dos puntos del tipo aplicable en el IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros (un 0,7% de los contribuyentes) la subida de tres puntos a partir de 200.000 euros (unos 17.000 contribuyentes) en la tarifa aplicable a las rentas del capital y de ahorro del IRPF, la revisión de la fiscalidad de los planes de pensiones reduciendo las aportaciones máximas objeto de deducción de 8.000 euros anuales a 2.000 euros, la prórroga hasta 2021 de los límites del régimen de módulos para autónomos, el incremento de un punto en el gravamen del último tramo del impuesto de Patrimonio (por encima de los 10 millones de euros, pasando del 2,5% al 3,5%) o en el Impuesto sobre Sociedades, que se limita al 95% (solo para 2021) la actual exención del 100% por plusvalías o dividendos generados por filiales, que afecta a muy grandes empresas y afecta sólo a un 0,12% del tejido productivo (una deducción que debería ser objeto de una revisión más ambiciosa, estableciendo un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios contables).

Valoración global de UGT

La confirmación de los nuevos PGE para el próximo ejercicio apuntan en la buena dirección, en tanto reflejan un abandono de los postulados austericidas del pasado, que parecían asentados hasta hace relativamente poco. Pese a la buena noticia que representa, desde el sindicato queremos advertir que la tarea prioritaria sigue siendo tarea proteger la salud pública, por lo que debemos mantener la máxima cautela y prudencia para evitar una tercera oleada de contagios.

De forma paralela, debemos seguir implementando las medidas que sean necesarias para proteger las rentas y los empleos, evitando un nuevo repunte de la desigualdad y la apertura de nuevas grietas sociales. La aprobación de estos nuevos presupuestos marca el camino para ello, pero aún debemos emprender cambios de gran calado como, por ejemplo, la reforma de las pensiones; la nueva ley de vivienda; o, en el ámbito laboral, el incremento del SMI y la derogación de la reforma laboral, recuperando así la negociación colectiva sectorial. La apertura de un nuevo espacio de progreso debe ser aprovechado para introducir políticas que induzcan, de forma permanente, la protección de una serie de derechos básicos, puesto que la salida a esta crisis no puede volver a recaer sobre los hombros de las familias más vulnerables.