► UGT considera positivo el incremento del techo de gasto (un 3,8%, hasta alcanzar los 127.609 millones) avalado hoy por el Congreso y confía en que éste sea suficiente para que el Gobierno cumpla con sus compromisos de índole social, recogidos en su programa electoral.

► Valora la responsabilidad de los partidos políticos de facilitar así la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2020, algo que la dará confianza y estabilidad en nuestra economía.

► El sindicato pone en valor las mesas de diálogo social, que deben derivar en acuerdos sobre políticas esenciales y con respaldo presupuestario suficiente: políticas activas de empleo, prestaciones por desempleo, Plan Estratégico para la Industria, Transición Ecológica, reforma fiscal, pensiones, protección social, etc.

El Congreso ha avalado en el día de hoy la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, que debe encuadrar, junto con las previsiones recogidas en el nuevo cuadro económico, los límites en los que se muevan los Presupuestos Generales del Estado en 2020. El nuevo techo de gasto, supone un incremento del 3,8%. Esta magnitud determina cual es el tope de gasto de las administraciones públicas, descontando el gasto financiero –en su mayor parte, los pagos por intereses de la deuda en circulación.

La última propuesta, en este sentido, fue realizada en julio de 2018, con un incremento del 4,4%, pero no fue aprobada en el Senado, posteriormente, debido a la falta de acuerdo político. Tampoco se aprobaron unos nuevos PGE, lo que dio lugar a que se prorrogaran los últimos presupuestos aprobados por el Partido Popular, y a que se convocasen elecciones generales en 2019. Por otro lado, la circunstancia de operar con los PGE de 2017 prorrogados ha impedido que puedan ponerse en marcha reorientaciones de gasto y, sobre todo, políticas de incremento de ingreso, lo que, prácticamente por sí solo, hacía necesaria la nueva senda de convergencia hacía los objetivos de estabilidad presupuestaria propios de la zona euro.

El reajuste en la senda de sostenibilidad fiscal hasta el año 2023, que afecta especialmente al año en curso, debe ser examinado por las autoridades comunitarias. No obstante, los reajustes en la senda a la que obligaría la aplicación automática de las reglas fiscales de la Unión Monetaria han sido no solo habituales, sino indispensables, para la salida de la crisis en la zona euro. Mediante esta flexibilidad, que ha sido necesario aplicar en grado cada vez menor, se ha ido permitiendo que los países con déficit y deuda fuera de los límites de la normativa europea pudieran llevar a cabo medidas fiscales para contrarrestar el ciclo. Ante un 2020, donde se espera una ralentización económica global, tiene todo el sentido que vuelva a permitirse un cierto grado de holgura fiscal.

Esta desaceleración económica ha sido recogida por el Gobierno en la actualización de su cuadro macroeconómico de previsiones, rebajando la tasa de aumento del PIB del 1,8% al 1,6%.  La tasa de paro se situará en 2020, según el Ejecutivo, en el 13,6%, más de un punto por encima de la previsión anterior. Aunque son previsiones coherentes con lo estimado por los principales organismos internacionales y con lo que viene apuntando la tendencia de la actividad económica, no dejan de ser preocupantes. Y, sobre todo, ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que impulsen la actividad económica y la creación de empleo, además de hacer que este sea más estable y sostenible.

La relativa relajación de los objetivos de déficit y del techo de gasto conocidas hoy son, en este sentido, positivas. Para relanzar el PIB, actuar contra los efectos de la crisis pasada y aplicar políticas que permitan mejoras estructurales en los indicadores económicos y sociales, es necesaria la actuación desde los recursos públicos, ya sea mediante la inversión en infraestructuras, recualificación, innovación o en medidas que permitan atajar las situaciones de pobreza extrema que el pasado viernes denunciaba el Relator de Naciones Unidas. A ello se suman los retos de los objetivos medioambientales que Europa ha asumido en el marco de la acción comunitaria, y que pasan por una fuerte reducción de emisiones para el año 2030.

Además, de manera fundamental, el programa del gobierno de coalición contiene importantes medidas de índole social que deben ser puestas en marcha. La aprobación de los PGE facilitará confianza y estabilidad en nuestra economía. Los PGE 2020 deben ser expansivos, atender las necesidades sociales y deben servir para impulsar el necesario cambio de nuestro modelo productivo. Es imprescindible, a la vez, incrementar los ingresos fiscales, poniendo especial atención en que el reparto de la carga fiscal sea más justo, para lo que UGT reclama una reforma fiscal integral en la que paguen más los que más tienen.

Por otro lado, UGT considera fundamental que se abran mesas de dialogo social sobre temas clave, que deben derivar en acuerdos sobre políticas esenciales con reflejo presupuestario: Políticas Activas de Empleo, prestaciones por desempleo, Plan Estratégico para la Industria, Transición Ecológica, reforma fiscal, pensiones, protección social, etc.