Las empresas deben contribuir a la reconstrucción evitando los despidos, los recortes de costes salariales y derechos laborales y recuperando el empleo

► UGT valora las medidas adoptadas hasta ahora para hacer frente a esta crisis, pero pide ir más allá porque así lo exige la reconstrucción del país.

► El Gobierno debe poner en marcha un potente plan de ayudas e inversiones dirigido a incentivar el consumo de las familias, mantener la financiación de las empresas, fortalecer las actividades estratégicas y potenciar las redes de protección social. Para ello debe coordinarse con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

► Las empresas, deben proteger a sus plantillas evitando los despidos, recuperando el empleo, y trabajando para sustentar el nuevo crecimiento sobre bases más duraderas y justas. Ello pasa por eliminar estrategias de competencia basadas en el recorte permanente de costes salariales y en la merma de las condiciones laborales.

► Y las personas trabajadoras y ciudadanos, en general, deben asegurar un retorno a la normalidad con el pleno cumplimiento de las recomendaciones sanitarias y promoviendo un consumo responsable y solidario.

El INE ha publicado hoy los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del primer trimestre de 2020, que refleja ya parcialmente el impacto de la pandemia COVID-19, y cuyos resultados en consecuencia están condicionados por las excepcionales condiciones derivadas de la misma.

Por ello, la Encuesta refleja un importante descenso de los costes laborales y salariales por trabajador y mes, que pasan de crecer anualmente un 2,3% y un 1,8% respectivamente, a hacerlo un 0,8% y un 0,7%, las menores tasas desde el segundo trimestre de 2018. Ello se debe fundamentalmente a la entrada en procesos de ajuste de empleo de miles de personas trabajadoras a finales del mes de marzo, una situación en la que siguen perteneciendo a las plantillas de las empresas, pero sus salarios quedan en suspenso y son sustituidos por la prestación por desempleo, y se exonera a las empresas del pago de las cotizaciones sociales.

De modo análogo y por la misma razón, los costes por hora efectivamente trabajada han aumentado de manera notable, al reducirse el tiempo de trabajo efectivo en las empresas como consecuencia de la aplicación de los ERTEs. Así, el aumento anual del coste laboral por hora ha pasado del 2% al 4,8%, y el del coste salarial por hora del 1,4% al 4,7%.

En suma, se trata de unos datos que muestran una quiebra importante en los resultados normales de la estadística, que por tanto hay que tomar con cautela, y que sin duda se verán amplificados en el próximo trimestre, que abarca los meses de mayor impacto de las medidas de confinamiento y paralización económica para luchar contra el coronavirus.

La debacle económica derivada de la pandemia obliga a poner el acento en lo esencialmente importante, que en estos momentos no es el análisis de las variaciones puntuales de algunas estadísticas. De lo que se trata ahora es de recuperar cuanto antes la actividad y el empleo, manteniendo las necesarias precauciones sanitarias para que no se produzcan rebrotes de la enfermedad, que podrían ser fatales en términos de salud, pero también económicos. En esta coyuntura excepcional, lo que toca es poner todos los recursos y capacidades disponibles para relanzar la producción, preservar los empleos que han estado afectados por medias de suspensión temporal, y recuperar ya los destruidos. Y todo ello pasa por impulsar el consumo de los hogares y la inversión pública, y por sostener la viabilidad de las empresas.

Un esfuerzo colectivo

En este sentido, las medidas adoptadas hasta ahora han sido positivas. Pero debemos hacer más. En este momento, la reconstrucción del país requiere de un nuevo esfuerzo colectivo, en el que todos los agentes debemos aportar en la medida de nuestras posibilidades.

El Gobierno debe poner en marcha un potente plan de ayudas e inversiones dirigido, de un lado, a incentivar el consumo de las familias –en especial en los sectores más afectados por la pandemia-, a mantener la financiación de las empresas, a fortalecer las actividades estratégicas y que tiene mayor presencia en la construcción de un nuevo crecimiento más sostenible, eficiente e integrador, y a potenciar las redes de protección social. Todo ello debe contar con el aporte coordinado de las Comunidades Autónomas y, cuando sea posible, de las Corporaciones Locales.

La Unión Europea debe aprobar cuanto antes el Fondo de Reconstrucción anunciado, basarlo mayoritariamente en transferencias en lugar de créditos, y eliminar toda condicionalidad que suponga recortes o reformas dirigidas a la reducción de derechos de las personas trabajadoras y a otorgar más poder a las empresas, como sucedió a partir de 2010 en la crisis anterior, y que tan nefastas consecuencias tuvo.

Las empresas deben contribuir protegiendo a sus plantillas, evitando los despidos, recuperando el empleo y trabajando para sustentar el nuevo crecimiento sobre bases más duraderas y justas. Ello pasa por eliminar de sus estrategias la competencia basada en el recorte permanente de costes salariales y en la merma de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, reforzando las basadas en la mejora de procesos y calidades.

Y, por su parte, las trabajadoras y los trabajadores deben asegurar un retorno a la normalidad con el pleno cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, promoviendo un consumo responsable y solidario, que redundará en una recuperación más rápida y sana.