​Con motivo de las manifestaciones que se celebran mañana, 26 de febrero, en ciudades de varios países europeos como Alemania, Dinamarca, Portugal, Croacia, Turquía y España, la Unión General de Trabajadores vuelve a exigir al Gobierno de nuestro país que cumpla con su compromiso en materia de reubicación, que debería estar completado a septiembre de 2017.

El sindicato rechaza la fortaleza en la que se está convirtiendo Europa, que está respondiendo a la crisis humanitaria, dentro y fuera de sus fronteras, con la inacción o con medidas ilegales, que ponen en peligro la vida de las personas.

En este sentido, las Autoridades de la Unión Europea y sus Estados miembros siguen dando pasos hacia la subcontratación de sus obligaciones en materia de asilo y de inmigración. El Acuerdo Unión Europea-Turquía puede violar la Declaración de Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los refugiados de Naciones Unidas, que consagran el derecho a buscar asilo en cualquier país, y también la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, que impide las expulsiones colectivas. La Unión Europea, ahora, pretende extender a Libia esta tarea de contener en su territorio y no dejar entrar en la Unión Europea a personas que pueden ser solicitantes de asilo.

Además, los compromisos en materia de reubicación desde Italia y Grecia de solicitantes de protección internacional continúan sin cumplirse. Hasta el 7 de febrero, se habían reubicado en otros Estados miembros 11.966 personas, el 7,4% del total comprometidas. En el caso de España, 744, el 3,8% del compromiso asumido por el Gobierno español.

Por ello, UGT reitera al Ejecutivo de nuestro país la exigencia de que garantice, en colaboración y coordinación con las Administraciones territoriales, los derechos de los solicitantes de protección internacional, hayan llegado a España reubicados desde otros Estados miembros o a través de nuestras fronteras; que redimensione el sistema de asilo español para atender adecuadamente al aumento de solicitantes, que resuelva las miles de solicitudes pendientes y que, en consenso con los Interlocutores Sociales, aborde la inserción sociolaboral del colectivo de solicitantes de protección internacional y refugiados; y que  defienda ante las autoridades europeas el derecho de asilo y el cumplimiento estricto de las obligaciones internacionales.

Asimismo, el sindicato recuerda a los Grupos Parlamentarios que tienen en su mano, a través del proyecto de ley presentado para derogar la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, eliminar la disposición que permite las llamadas "devoluciones en caliente" en nuestras fronteras exteriores, otra clara vulneración del derecho internacional.