Los datos del IPC adelantado del mes de marzo, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en un 3,3%, 1 punto más que el mes de febrero y el mayor valor desde junio de 2024. Esta subida, la mayor desde junio de 2022, se explica principalmente por el fuerte encarecimiento de la gasolina y el gasóleo, derivado del mantenimiento y la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio, que ya está generando un notable impacto sobre los precios.

Por su parte, la tasa de inflación subyacente, que recoge los componentes más estructurales de los precios, se mantiene estable en el 2,7%. La divergencia respecto a la tasa general responde a que este indicador excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, precisamente los más afectados por las tensiones geopolíticas. 

Así, cualquier previsión inicial sobre la evolución de precios en 2026 queda supeditada a la duración y posible recrudecimiento de la guerra, así como a su impacto sobre los mercados energéticos internacionales y las cadenas de suministro. En este contexto de elevada incertidumbre, no puede descartarse la persistencia de presiones inflacionistas si se mantienen las tensiones sobre los precios del petróleo y el gas, aunque la moderación de la inflación subyacente podría contribuir a contener parcialmente el crecimiento general de los precios a medio plazo.

Por su parte, UGT valora de forma favorable las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al impacto de la guerra en Irán, al considerar que siguen la línea de actuación aplicada en crisis recientes, la cual ha demostrado ser efectiva para mitigar sus efectos económicos y sociales. No obstante, insiste en la necesidad de avanzar hacia medidas más focalizadas y eficaces, especialmente mediante ayudas directas dirigidas a los colectivos más vulnerables, así como en mantener un proceso continuo de diálogo y evaluación. Asimismo, ante la reciente subida del Euríbor, que ha llegado a situarse en el 2,9%, el valor más alto en el último año y medio, resulta también esencial articular medidas de protección social y financiera para mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas.

Por último, en materia de negociación colectiva se hace más necesario que nunca garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Los convenios colectivos con cláusulas de garantía salarial son una herramienta fundamental para proteger a la clase trabajadora frente a una inflación que no han provocado, evitando que el peso de la crisis recaiga, una vez más, sobre quienes viven de su trabajo. Es imprescindible que estas cláusulas se generalicen y se activen de forma efectiva, asegurando la revisión automática de los salarios conforme a la evolución de los precios y defendiendo así unas condiciones de vida dignas frente a la volatilidad económica y geopolítica.