​La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de FeSP-UGT ha remitido una carta abierta a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez donde denuncia el abandono al que el Gobierno somete a la Seguridad Social que la condena a la extinción. UGT ha hecho constar a la Ministra su actitud de diálogo y de negociación, si bien no descarta la movilización si, como todo parece indicar, se sigue sin tener en cuenta las necesidades de efectivos de la Seguridad Social para atender adecuadamente a los ciudadanos.

El Gobierno no ha prestado atención a las recomendaciones del Pacto de Toledo o de la CORA de crear una Agencia Estatal o Entidad Única de Seguridad Social y, además, sigue ordenar y reponer efectivos -en estas últimas reuniones no existen declaraciones sobre la reposición y oferta de empleo público en la Seguridad Social. Estas actuaciones del Ejecutivo no parecen encaminadas a ahorrar si no a la extinción del servicio, pues no se reponen las bajas y, además, la elevada media de edad, precipitarán su jubilación en masa antes de enero del 2019.

En la actualidad se están produciendo cierres de centros de atención al público por estos motivos, aunque la Administración los enmascara como reorganizaciones. Este hecho es un claro indicador de un inminente colapso en la gestión del servicio. El Gobierno alude a la Administración Electrónica en la que los ciudadanos no visitarán las oficinas y los funcionarios no serán necesarios. En opinión de UGT  sea visión nada tiene que ver con la realidad de las oficinas en las que, cada día, se forman colas demandando atención.

Entre el año 2009 y el 2016, según datos de la propia Administración, la Seguridad Social ha perdido un total de 4.249 trabajadores/as, lo que supone el 13,73% de sus efectivos, que no han sido repuestos. Y dada la elevada media de edad de sus plantillas, la pérdida de trabajadores y trabajadoras por jubilación durante los dos próximos años, puede verse incrementada en torno a otros 4.000 trabajadores/as.

En la actualidad el 27% de las oficinas de las que se dispone están atendidas por dos o tres trabajadores, y en algunos casos por uno solo. Pero el Gobierno sigue omitiendo a la Seguridad Social incluso en la calificación de cobertura prioritaria.