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El Juzgado Social número 12 reconoce que la medida no resuelve el problema de la crisis y contribuye a la precarización y empobrecimiento de las pensiones
Con el pretexto de la crisis, el RDL 28/2012 se inaplicar el artículo 48.1 de la Ley General de Seguridad Social que obligaba a la Administración a incrementar las pensiones en un equivalente anual al IPC. El RDL 28/2012 fijaba este incremento en un 1%, mientras que el IPC del 2012 era del 2,9%.
