Los datos de la Contabilidad Nacional del cuarto trimestre de 2025 registran un incremento trimestral del PIB del 0,8%, lo que implica un aumento anual del 2,7%. En lo que respecta al conjunto del año, el PIB crece un 2,8%, una cifra superior a la estimada inicialmente y un dato que sitúa a España como la gran economía europea que más crece. No obstante, para el año 2026 hay que tener en cuenta que existen diversos factores que amenazan el crecimiento económico, como los todavía elevados aranceles y, principalmente, la guerra provocada por Estados Unidos e Israel en Irán, con sus fatales consecuencias en el precio de los productos energéticos.

Desde el lado de la demanda se aprecia una estabilidad en el crecimiento anual del consumo privado, que aumenta un 3,1%, y en la inversión, que lo hace un 6,4%, dos factores determinantes para que la demanda nacional contribuya con 3,5 puntos al crecimiento económico. Por su parte, la demanda externa resta 0,8 puntos porcentuales al aumento del PIB. En lo referente a la oferta, todos los sectores incrementan su actividad salvo la agricultura, que se reduce un 0,6% respecto al mismo trimestre de 2024. La construcción lidera el aumento con un 7,2%, seguido del sector servicios con un 3% y posteriormente de la industria con un 2,6%. 

En lo que respecta al conjunto del año 2025 es muy destacable que la inversión haya crecido de media un 5,8% puesto que ello favorece el sostenimiento de la economía en un medio plazo, sobre todo cuando esas inversiones redundan en una mejor productividad. De hecho, así parece haber sido, puesto que la productividad por hora trabajada se eleva un 0,5% anual este último trimestre, siendo el crecimiento medio de 2025 del 0,8%. La dinámica en la que se enmarca la economía española ha sido capaz de conjugar un aumento y consolidación del PIB, de la productividad y del empleo, que sube un 3,1% en promedio en todo el año.
Estos datos muestran la fortaleza de la economía española a la hora de cerrar el año 2025 y marcan el punto de partida para afrontar las nuevas inclemencias provocadas por la inestabilidad en el contexto internacional. 2025 finalizó con un crecimiento económico sólido y con señales de mejora en factores cruciales para la resiliencia o el crecimiento sostenido en el medio y largo plazo. La mejora en la inversión o en el consumo privado han sido protagonistas en este sentido y el año 2026 parece ser la prueba de fuego para estos aspectos. Fundamentalmente, debido al cierre del estrecho de Ormuz, que está generando un encarecimiento de varias materias primas fundamentales para la fabricación mundial, con su impacto en comercio global, lo que podría frenar el crecimiento en España y Europa.

Además, la inflación es quizás el más destacado efecto provocado por la guerra, ya en 2022 con la guerra iniciada por Rusia se pudieron observar los estragos que causó en las economías occidentales. En ese año España fue capaz de capear el temporal mediante una serie de paquetes de medidas anti crisis y esa ha sido la fórmula elegida para afrontar las consecuencias de la guerra actual. El pasado 20 de marzo, el Gobierno de España aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, un compendio de más de 80 medidas dotado de 5.000 millones de euros de presupuesto con cambios coyunturales y estructurales. Este plan continúa una estrategia que resultó acertada y se presenta rápidamente, procurando tener efecto a la mayor celeridad. No obstante, hace falta mejorar en la precisión en algunas medidas para hacerlas más eficientes y que alcancen a las personas y sectores que realmente lo necesitan.

Por otro lado, para lograr que la demanda nacional continúe siendo la principal contribuyente al crecimiento del PIB es crucial preservar la capacidad de compra de las personas asalariadas. En ciernes de una probable crisis inflacionaria, la negociación colectiva debe avanzar en la extensión de las cláusulas de revisión salarial como un elemento común que proteja cada vez a más personas. La firma de un VI AENC sería el escenario propicio para incluirlo y garantizar que las personas trabajadoras no pierden poder de compra, evitando repetir el episodio de pérdida de capacidad adquisitiva de 2022, año en el que no hubo vigente ningún acuerdo entre los interlocutores sociales. 

En conclusión, los datos reflejan que la economía española ha cerrado el año 2025 con solidez y capacidad de resistencia, aunque el contexto internacional y las tensiones inflacionarias dibujan un horizonte incierto para 2026. Ante este escenario, resulta imprescindible reforzar el papel de las políticas públicas y, especialmente, de la negociación colectiva como herramientas clave para proteger a las personas trabajadoras y, en especial, a los colectivos más vulnerables. Garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo mediante cláusulas de revisión salarial y acuerdos como el VI AENC no es solo una cuestión de justicia social, sino también una condición necesaria para sostener la demanda interna y el propio crecimiento económico ante una posible desaceleración.