UGT considera que el comportamiento de los precios actualmente no es un problema, sin embargo, sí lo es la política de austeridad, que no se acompase el ajuste presupuestario y financiero al crecimiento económico y a la creación de empleo, que deben ser las prioridades. 

En España es necesario cambiar el modelo de crecimiento promovido por el Gobierno del PP, pues es incapaz de generar empleos estables y de calidad y promueve el aumento de desigualdades. Un modelo de corto recorrido que reproduce los vicios del pasado y tan solo se basa en rebajar los costes laborales. 

Frente a esto, UGT apuesta por un cambio de modelo productivo, promoviendo inversiones en sectores estratégicos y con mayor potencial de desarrollo futuro y un modelo de relaciones laborales coherente y avanzado, en el que se impulse el empleo de calidad y con derechos y salarios dignos.

En este sentido, el sindicato pone en valor el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y advierte que si los salarios no crecen no se consolidará el crecimiento, ni habrá salida de la crisis. 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de junio ha aumentado tres décimas respecto del mes anterior, situando su tasa anual en el 0,1%. Es la primera tasa positiva tras once meses consecutivos de caída. 

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, ha aumentado una décima en el mes, y en términos interanuales se sitúa en el 0,6%, una décima más que en mayo, y cinco por encima de la tasa general.

En cuanto al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), ha aumentado tres décimas respecto al mes de mayo, con lo que su tasa anual registra una variación nula (0%). De este modo, el IPCA de España se sitúa dos décimas por debajo de la tasa media de la eurozona (0,2%). 

En el mes de junio, y tras once meses, el IPC ha dejado de caer en términos anuales, y ha registrado un aumento de una décima respecto a junio de 2014. No obstante, el dato no introduce matices relevantes en el análisis de fondo de la situación de nuestra inflación, que sigue siendo muy baja. Es cierto que a ello ayuda en gran medida la extraordinaria reducción de los precios del petróleo, que repercute sobre todos los productos energéticos, y que tienen un peso relevante sobre el conjunto de la cesta de la compra. 

Sin embargo, no es solo eso, puesto que la inflación general sin los productos energéticos (eliminando por tanto esa incidencia de los precios del crudo) crece solo un 0,8%. La inflación subyacente, que elimina además los precios de los alimentos frescos y que explica la parte más estructural de la inflación, se sitúa en el 0,6%. En definitiva, resulta evidente que España no tiene un problema de inflación en la actualidad. 

En Europa la situación es parecida. En la zona euro la inflación es del 0,2%, y desde septiembre de 2013 está por debajo del 1%. Y ello a pesar de la inyección de liquidez del Banco Central Europeo. Es decir, que tampoco hay riesgos inflacionistas en la zona. 

Sin embargo, Europa sí tiene un problema muy serio de crecimiento, de creación de riqueza. El PIB de la zona crece tan solo un 1%, lo mismo que Alemania, mientras que en Francia lo hace un 0,8% y en Italia apenas si han salido de la recesión (creció una décima en el primer trimestre del año tras tres años en negativo). La actividad de la zona euro está petrificada, mientras que EEUU crece a tasas cercanas al 3%. Y esto es así debido al estrangulamiento que ejercen las políticas aplicadas según el diktat de Alemania, cuya enfermiza aversión a la inflación y abuso de su posición de privilegio amenaza con resquebrajar definitivamente el proyecto europeo común. 

A pesar de todas las evidencias y de la razón económica, las instituciones europeas (Comisión, BCE) y demás organismos internacionales (FMI) con capacidad para incidir sobre las políticas aplicadas insisten en imponer la misma receta que nos condujo a la segunda recesión en 2010: austeridad a ultranza. Lo que está sucediendo con Grecia, con la imposición de otro durísimo programa de ajuste, refleja de nuevo la cerrazón de quienes marcan el camino de la Unión Económica y Monetaria, y por tanto, el destino de millones de ciudadanos y ciudadanas de la zona. No se trata de renunciar al ajuste presupuestario y financiero, que es necesario, sino de acompasarlo al crecimiento económico y a la creación de empleo, que son los principales desequilibrios de la zona y que, por tanto, deberían ser los objetivos primarios de toda política económica. 

Sin embargo, frente a la contundencia de las medidas de recorte y ajuste emanadas de la troika, las medidas de impulso a la actividad brillan por su ausencia. El llamado Plan Juncker carece de eficacia, y cada vez resulta más evidente que no pasa de ser un compromiso vacío de contenido. Se necesitaría un verdadero impulso inversor, como el propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que plantea inversiones extraordinarias por una cuantía equivalente al 2% del presupuesto europeo cada año durante diez años.

Y si en Europa lo anterior parece claro, en España lo es aún de manera más evidente. Con casi cinco millones y medio de desempleados (el 24% la población activa), de los cuales 6 de cada 10 lo son de larga duración (llevan más de un año buscando empleo), no pueden caber dudas de que el objetivo básico es crear empleo. Pero además, debe ser empleo estable y de calidad, porque de otro modo volveríamos a generar una falsa salida de la crisis, como sucedió en la anterior etapa expansiva, que tan drásticamente derrumbó la llegada de la crisis. 

Eso no está sucediendo. El PIB crece de manera importante (2,7%), pero el empleo que se crea es muy precario. Tampoco se está invirtiendo en los factores capaces de transformar nuestras bases productivas para hacerlas más sólidas, sostenibles y eficientes. El modelo de crecimiento promovido por las políticas del gobierno del PP reproduce los vicios del pasado, y tan solo se basa en rebajar los costes laborales y dejar que la demanda engorde los sectores y actividades de menor valor añadido. Un modelo trasnochado y de muy corto recorrido, incapaz de generar empleos decentes y aumentar la riqueza colectiva. 

Frente a este modelo agotado y empobrecedor, UGT apuesta por un cambio de paradigma, que pasa por dirigir nuestro sistema productivo con inversiones selectivas hacia los sectores con mayor potencial de desarrollo futuro y que aportan más valor añadido, y por configurar un modelo de relaciones laborales coherente con ese modelo productivo avanzado, impulsando el empleo estable, con derechos y salarios dignos. 

Por eso ahora que la economía crece es necesario que los salarios crezcan también. Y eso es lo que promueve el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (III AENC), que establece directrices de obligado cumplimiento para los negociadores de los convenios, y que fija la subida salarial para 2015 en el 1% y del 1,5% en 2016, mejorables en las empresas según su productividad y resultados. Porque si los salarios no crecen, no se consolidará el crecimiento, no mejorará la calidad de vida de millones de trabajadores y, en consecuencia, no habrá salida de la crisis.

En definitiva, la situación actual requiere que tanto a nivel europeo como nacional se aplique políticas muy diferentes a las que llevan primando desde 2010 en Europa y en España, poniendo el acento en la reactivación económica, en la generación de bases productivas más sólidas y sostenibles y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Un cambio, por tanto, muy drástico, que parece que ni los dirigentes actuales de la zona euro ni de España están dispuestos a realizar.